Viernes, Junio 23, 2017
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Lo que la vergüenza y la desvergüenza nos ocultan

Lo que la vergüenza y la desvergüenza nos ocultan (martamontojo.wordpress.com)

“Después del diluvio, las escenas en el campo son dantescas: los pies se hunden hasta los tobillos en el barro. Críos llorando por el frío”. No hace más de dos meses que, escandalizados, leíamos estos tweets enviados desde Idomeni por el periodista Alberto Sicilia. Gente pasando frío, violación de los derechos humanos, pensábamos: “¿Cómo puede estar pasando esto en la mismísima Unión Europea?”.

En efecto, miles de personas refugiadas, que huían -y continúan huyendo- del terror de sus países de origen, han sufrido las consecuencias de la más que demostrada hipocresía europea. Un claro ejemplo de cómo la Europa de los derechos humanos, de la libertad y de la democracia, ha vulnerado las leyes que nosotros mismos hemos creado, como quien redacta una lista de propósitos de año nuevo, consciente de que más de la mitad de estos quedarán sin tachar.

¿Y si les dijera que no miles, sino millones de personas, no necesariamente refugiados, están pasando frío incluso dentro de sus casas en esa misma Europa? ¿Y si les dijera que son familias españolas de clase media, personas que, aun con trabajo, no pueden permitirse pagar la factura de la luz? ¿Y si les dijera que las grandes compañías -las mismas que les cortan el suministro a estas familias- parecen volver a acogerse al clásico “las reglas están para romperse”, beneficiándose una vez más en detrimento de los que luchan por sobrevivir? A simple vista, ninguna sorpresa. Hasta que vean los datos y se sorprendan.

El último estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales sobre pobreza energética revela que más de 5 millones de ciudadanos españoles no pueden calentar sus hogares en invierno. Esto supone que un 11% de la población española sufre las condiciones de la pobreza energética, superando la media europea, que está en el 10%. ¿Y qué entendemos por pobreza energética? Según la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), la pobreza energética se da “cuando un hogar es incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda” (más de un 10% de sus ingresos).

Se trata de un problema oculto, una situación crítica pero de escasa visibilidad. Invisibilizada, por una parte, por su carácter esencialmente doméstico y por el pudor que supone a las propias familias el tener que afrontar esta situación y asumir que no pueden pagar la luz y el gas. Por otra, por las trabas que nos encontramos a la hora de perseguir la información, por el oscurantismo de la administración. Lo cierto es que existen pocos estudios sobre pobreza energética y todos quienes han investigado sobre el tema se encargan de recalcar esta cuestión. Los catedráticos Arturo Gutiérrez y Manuel José Terol agradecen a Francisco Manuel Silva Ardanuy en el prólogo de su libro “Pobreza Energética en España, alcance y protección constitucional” (2014), “el esfuerzo mostrado en esta obra no ya solo por la materia que aborda, sino también por la difícil tarea de recopilación de datos que en ella se muestran”. El Instituto Nacional de Estadística no registra datos bajo el nombre de “pobreza energética”. Los estudios atienden al consumo energético de las familias pero no a la condición en la que se encuentran tantas otras que ni siquiera tienen acceso a ese consumo. Por su parte, las empresas y políticos responsables, en lugar de dar la cara y enfrentarse al problema, se encargan de ocultar los datos tratando de desestimarlo. Los esconden bajo esa alfombra mediática siempre a su merced, e incluyen el concepto de “pobreza energética” en el de “pobreza a secas”, culpando al paro de una situación que, al margen de la tasa de desempleo del país, llevan generando durante años. Así lo hacían -aunque en diferentes ocasiones- el ex ministro de Industria, Jose Manuel Soria, y el presidente de UNESA (patronal de las eléctricas), Eduardo Montes, en el programa Salvados de LaSexta. Ante las preguntas de Évole sobre pobreza energética, ambos se escudaban tras el término general de la pobreza.

Pero los datos muestran lo contrario. La pobreza energética no es algo que sufran exclusivamente personas sin ingresos en sus hogares. En muchos casos, son familias de clase media a las que cortan el suministro, porque las facturas de la luz se engrosan cada vez más, de forma que uno -y a veces dos- sueldos no son suficientes para pagarlas. Familias que tienen que elegir entre comer o calentar sus viviendas. Es lo que los ingleses conocen como “heat or eat”, que se traduciría a “o me caliento, o como”.

Si bien es cierto que existen medidas de intervención frente a la pobreza energética, no parecen suficientes. Son políticas como el bono social, que consiste en un descuento del 25% del total de la factura a aquellas personas con dificultades económicas. Pero no son las empresas las que se hacen cargo de este bono, como se propuso en el momento en que se acordó, sino que somos los mismos ciudadanos los que lo financiamos en la parte de nuestra factura que se destina a costes regulados. Además, los criterios para acogerse al bono social son muy restrictivos, por lo que muchas familias que se encuentran en situación de pobreza energética no pueden disfrutar del descuento. Medidas como la denominada “tregua invernal”, un decreto aprobado por el Parlament de Catalunya que, lejos de perdonar dinero a nadie ni ser de gran ayuda, pretendía retrasar el pago (con intereses) de las facturas de familias con pobreza energética, para que no se les cortase el suministro eléctrico en los meses más fríos. Esta ley fue recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional.

Uno de los factores que explican esta creciente tasa de pobreza energética es el aumento del precio de la energía. Según el estudio presentado por la ACA este mes de abril (ver gráfico), España es uno de los países europeos donde los consumidores han tenido que asumir un mayor incremento en el coste unitario de electricidad (79%) y de gas (72%), en los últimos años. Hecho que ha terminado por situar al país como el cuarto europeo con la electricidad más cara, según Eurostats.

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Y se preguntarán: ¿cómo es posible que el precio de la energía aumente si el precio del petróleo no hace más que bajar? Porque finalmente, de lo que pagamos en concepto de energía, del llamado “tarifazo eléctrico”, solo una pequeña parte costea la energía que consumimos.

Nos hablan del déficit tarifario, debido al descenso de la tarifa eléctrica desde la década de los noventa hasta el año 2005. Descenso que, supuestamente, ha incentivado además cierto sobreconsumo energético en los hogares. Sin embargo, el estudio antes citado revela que el consumo energético de las familias con pobreza energética está más relacionado a la calidad de la vivienda (no adaptadas para la eficiencia energética) que a los hábitos de consumo, siendo las familias pudientes las que derrochan en la práctica. En la parte que el mismo estudio dedica a explicar la desigualdad energética, este concluye que “los hogares con rentas más bajas gastan menos por persona y unidad de superficie de la vivienda, pero realizan un sobreesfuerzo para asumir las facturas. Así, los hogares con rentas más bajas gastan 3 euros menos por metro cuadrado y persona, que los hogares con mayor renta, pero, a pesar de ello, dedican de media un 12% de su renta al pago de las facturas de energía doméstica (frente al 3% de los hogares con rentas superiores)”. Pero las empresas no hablan de esto, claro.

Tampoco dicen nada de los “windfall benefits”, los beneficios espurios de tecnologías amortizadas (como son el caso de la hidroeléctrica y de la nuclear), que están alimentando los bolsillos de las eléctricas. Y se excusan con los costes de transición, los denominados “peajes” (distribución, transporte, primas a las renovables, etc), los costes regulados que según ellos, explican el elevado precio de la energía en España.

De la mano de la política (pues poca necesidad hay a estas alturas de comentar las tradicionales puertas giratorias que relacionan a los políticos españoles con las eléctricas) están comercializando un servicio básico, al que además se añade el 21% de IVA, como si de un coche se tratase. Y no hablan de cómo están subastando un derecho, recogido como tal en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Ni de cómo están rompiendo el Compromiso Europeo de Solidaridad y Seguridad Energética aprobado por el CESE (Comité Económico y Social Europeo) a finales de 2013. Este dictamen tenía por objetivos: proteger a los ciudadanos (europeos y no europeos) frente a la pobreza energética e impedir su exclusión social, tomar medidas para garantizar a cualquier persona en Eu­ropa un acceso fiable y uniforme a la energía a precios razonables y estables; y simultáneamente garantizar la transición hacia una sociedad hipocarbónica.

Desde la firma de dicho acuerdo, España no ha cumplido ni el primer objetivo, ya que más de 5 millones de ciudadanos no pueden mantener sus viviendas a las temperaturas adecuadas (21ºC en la sala de estar y 18ºC en el resto de estancias según la OMS), ni el segundo, pues el precio de la energía solo va en aumento, ni tampoco el tercero, en tanto en cuanto las medidas del ex ministro de Industria, Energía y Turismo, al que muchos apodan “RepSoria”, no han hecho otra cosa que favorecer a las petroleras, impulsando las prospecciones incluso en su propia tierra (Canarias) y poniendo obstáculos a las renovables con, por ejemplo, el impuesto al sol (el cual ellos prefieren llamar “cargo transitorio”), dificultando así el autoconsumo.

En paralelo, la OMS (Organización Mundial de la Salud) ha estimado que la pobreza energética podría estar ocasionando el 30% de las muertes adicionales en invierno. En 2014, la mortalidad adicional de invierno promedio en España fue de 24.000 muertes, por lo que más de 7.000 fallecimientos prematuros estarían asociados a la pobreza energética. Los colectivos más afectados son los niños, los ancianos y las personas enfermas.

Cabe decir que, siendo España uno de los países europeos con la electricidad más cara y con una tasa de pobreza energética por encima de la media europea, empresas españolas como Endesa e Iberdrola son de las eléctricas que más ganan de toda Europa, solo detrás de la francesa EDF.

Así, mientras que los datos de pobreza energética en España (y en otros países europeos como Italia, Bulgaria o Grecia) son escalofriantes, las grandes eléctricas del oligopolio que controla el mercado de la energía, como Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON España, o Hidrocantábrico (EDP) -tomando como ejemplo las asociadas a UNESA- se embolsan tranquilamente y sin aparentar ningún tipo de remordimiento, miles de millones de euros anuales y las previsiones de beneficios son cada vez mejores.

Por tanto, cuando hablamos de aquella Europa de los derechos humanos, de las libertades y las democracias, estamos aludiendo en realidad a la Europa del derecho tributario al servicio de las multinacionales, la Europa del neoliberalismo y, cada vez más, la Europa de la desigualdad, de la hipocresía, de la vergüenza -como venía reivindicando Twitter a lo largo del mes de marzo con el hashtag #vergUEnza- o, atreviéndonos a corregir a la red social, a la Europa de la desvergüenza.

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