Por Adrià Rivera Escartin
El año 2011 fue de cambio en ambas orillas de la Mediterránea e indudablemente determinaría las relaciones entre la UE y los estados afectados por la llamada primavera árabe. Annus mirabillis, pese a ser el preludio de guerra y golpes de estado en el sur, y del auge de la extrema derecha en el norte. Hoy, la política euromediterránea ha vuelto a los patrones de antes de 2011, cuando la política exterior del UE estaba dominada por la agenda de seguridad, por el miedo a la amenaza yihadista en el contexto de la guerra global contra el terrorismo de Bush hijo, y por la obsesión en reducir los flujos migratorios, por la percepción de una avalancha de pateras retransmitida cada verano por los medios de comunicación. Pero no sólo hemos vuelto a la vieja política, sino que además lo hacemos de la mano de liderazgos de extrema derecha que nos colocan cerca del abismo moral y en la irrelevancia en la escena internacional.
La declaración de Barcelona de 1995, punto de partida de la política euromediterránea, incluyó el respeto de la democracia y los derechos humanos como marco de referencia compartido, elementos que fueron olvidados por todas las partes, tanto en la orilla norte como en la sur, más o menos rápidamente. Después, las revueltas de 2011 cogieron a la UE con el pie cambiado ya que difícilmente se podía justificar la relación de estrecha cooperación que había existido con regímenes como el de Ben Ali o Mubarak. A raíz de los cambios de ese año la Comisión inició un proceso de autocrítica para acabar constatando que había sido un error asociarse con gobiernos autoritarios para avanzar en los objetivos estratégicos de la UE sin tener en cuenta la existencia de contextos de represión política. A partir de entonces, el apoyo económico de la UE a los países del Mediterráneo dependería del progreso hecho en la “construcción y consolidación de la democracia y el respeto al estado de derecho”, lo que se ha llamado la estrategia del “más por más”, una política de incentivos positivos (económicos, pero no sólo) a cambio de avances en lo institucional.
Pero a medida que se han ido sucediendo los acontecimientos, hemos deshecho el camino que se había trazado en 2011. Con la reforma de la Política Europea de Vecindad de 2015 los derechos humanos y la democracia ya aparecen en un segundo plano; y la creciente inestabilidad en todo el arco mediterráneo debido a la guerra en Libia y Siria, la aparición en escena del Estado Islámico, y un largo etcétera, han venido a consolidar esta tendencia. Luego, la llamada crisis de los refugiados en el mar Egeo, y después el crecimiento de la ruta del mediterráneo central en 2016, cuando aproximadamente 180.000 personas llegan a Italia desde Libia, han conllevado la externalización del control de las fronteras exteriores europeas a través de acuerdos con terceros estados, a pesar de las consecuencias en derechos humanos.
El acuerdo con Turquía de marzo de 2016 es el banco de pruebas de esta política y hoy por hoy la Comisión considera que los resultados son satisfactorios ya que el modelo se ha replicado en otros contextos. Este primer pacto consiste en dar cobertura política y recursos al régimen de Erdogan -3 mil millones entre 2016 y 2017, y 3 mil millones adicionales entre 2018 y 2020- a cambio de parar el flujo migratorio en el Mediterráneo oriental. Un caso menos conocido es el de Sudán, que por 100 millones de euros se compromete a combatir la “inmigración ilegal” hacia Europa (eritreos, etíopes y somalíes que huyen de la guerra o la persecución) y reforzar la seguridad en sus fronteras. Claro que para ello hay que obviar que el jefe de estado de Sudán tiene una orden de captura de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y contra la humanidad, y que las milicias que vigilan las fronteras están implicadas en estos crímenes. Otro caso más mediático es el apoyo de Italia y la UE a la Guardia Costera Libia, cuando este cuerpo está formado por milicias que extorsionan y torturan a las personas que han de rescatar y a menudo forman o han formado parte de redes de tráfico humano.
No obstante, los últimos acontecimientos en la agenda euromediterránea no sólo nos retrotraen a la política de antes de 2011, marcan una tendencia a peor. Bajo la presión de la extrema derecha, el Consejo Europeo acaba de introducir una nueva dimensión en la externalización de fronteras: la creación de campos de internamiento en la orilla sur del Mediterráneo para inmigrantes y demandantes de asilo, grandes CIE en la puerta de Europa pero pretendidamente fuera de la jurisdicción europea. Las conclusiones del Consejo Europeo del 28 de junio lanzan por primera vez esta idea, a propuesta de Italia, con la Lega marcando la agenda en inmigración. Esta iniciativa además se enmarca en el inicio de la presidencia austriaca de la UE que tendrá como objetivo número uno consolidar el giro identitario en la política europea de inmigración y seguridad.
Ahora no sorprende el escaso número de críticas por parte de líderes europeos hacia la política de Trump en la frontera mexicana, y es que el populismo de extrema derecha estadounidense tiene la misma raíz que muchos partidos políticos al gobierno en distintas partes de Europa, ya sea la Lega en Italia, el FPO en Austria o el Fidesz en Hungría. Además, su visión política contamina fácilmente a la derecha cristianodemócrata, como la CSU bávara, por poner un ejemplo. Aunque el actual conflicto político sobre la inmigración en Europa se puede leer como una fractura entre un polo socioliberal/democristiano con Merkel, Macron y Sánchez y un polo identitario con Orbán, Kurz y Salvini, lo cierto es que los consensos europeos, reflejados en las conclusiones del Consejo, cada día parecen más impregnados de la visión política de la extrema derecha.
Con el objetivo de evitar suspicacias sobre la ética de construir campos de internamiento para inmigrantes y solicitantes de asilo en terceros estados, se están elaborando una serie de términos eufemísticos para despolitizar la cuestión y evitar las connotaciones que conlleva la palabra “campo”, sobre todo en Alemania, donde reenvía al imaginario de los campos de muerte nazis y su terminología burocrática. En esta línea, el director de Frontex utilizó recientemente la expresión en inglés “international housing centers”. Si googleamos esto aparecerán residencias para estudiantes y albergues de juventud, ningún rastro de imágenes de lo que conocemos aquí como CIE, ni de campos de refugiados o realidades aún peores. En las conclusiones del 28 de junio, el Consejo habla de “plataformas regionales de desembarque”. Todo ello para enmascarar la bajeza moral a la que se ve abocada Europa y seguramente la ilegalidad de la propuesta, que socava el principio de non-refoulement. La realidad de estos campos sería posiblemente igual o peor a la de los “hot spots” de las islas griegas, que son consecuencia del acuerdo con Turquía y donde, como en Moria, miles de solicitantes de asilo esperan una decisión administrativa en condiciones terribles.
Desde el punto de vista de la política exterior, la externalización del control de fronteras aumenta el poder de negociación de países con regímenes autoritarios vis-à-vis la UE y consagra la degradación de nuestra imagen en el ámbito internacional. A marchas forzadas estamos pasando de una Europa que se presentaba como el actor que abandera el multilateralismo en el mundo (por ejemplo con el apoyo a la creación de la Corte Penal Internacional), a una Europa replegada sobre sí misma, sin voz propia si no es en temas muy concretos donde exista un amplio consenso entre estados. En algunos de los escenarios más candentes del Mediterráneo la UE está ausente, no tiene una estrategia conjunta o no tiene credibilidad. ¿Cuál es su papel en Israel y Palestina, Siria o Libia?
En otros contextos, como Argelia, Egipto o Marruecos, la UE y los Estados miembros callan ante fuertes retrocesos en materia de derechos humanos ya que la prioridad vuelve a ser la seguridad y el control de la inmigración. Así, Argelia deporta inmigrantes en masa en su frontera sur abandonandolos en un mar de arena, Egipto puede aumentar la represión a niveles nunca vistos sin temor a una disminución de la ayuda económica europea, o en el caso de Marruecos, la UE no protesta contra la represión en el Rif o ignora las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la no aplicabilidad de los tratados UE-Marruecos en el Sahara Occidental (comercio, diciembre de 2016, y pesca, febrero de 2018). Sin embargo, el pasado 4 de julio el Parlamento Europeo no dudó en votar a favor de abrir la puerta al intercambio de datos entre Europol y estados terceros del Mediterráneo, como Israel y Turquía, donde se vulneran sistemáticamente los derechos humanos.
En síntesis, hemos pasado de la estrategia del “más por más” de 2011 al más por menos, es decir, premiar los regímenes que logren controlar sus fronteras en función de los intereses europeos a costa de los derechos humanos. Pero, a pesar de la insistencia de los nuevos liderazgos europeos en seguir hablando de la crisis migratoria y la necesidad de priorizar la seguridad, desde un punto de vista numérico, esta crisis es más una percepción mediática que una realidad concreta en la mayoría de territorios de la UE. Es por tanto un síntoma de malestar interior europeo tras una grave crisis económica y no una amenaza externa.
Europa está atrapada en la retórica de la extrema derecha que ya gobierna y va ganando peso en las instituciones europeas. Pero cuando la UE de los estados no está a la altura de los retos de futuro, las ciudades deberían mantener una estrategia euromediterránea que tenga en cuenta los derechos humanos, poniendo las personas en el centro de la acción exterior. Asumiendo que los estados son los principales actores en las relaciones internacionales dentro y fuera de la UE, las ciudades pueden crear un contrarrelato de la actual política euromediterránea, por ejemplo desde iniciativas de cooperación descentralizada o a través de plataformas internacionales de ciudades, también abriendo los puertos a barcos de rescate como en el caso del Open Arms o del Aquarius. Las elecciones del 26 de mayo de 2019, municipales y europeas aquí, son la oportunidad para que las ciudades y el Parlamento Europeo se constituyan en contrapeso de un Consejo Europeo cada vez más reaccionario. En todo esto, Barcelona tiene una responsabilidad añadida por el hecho de ostentar la capitalidad del espacio euromediterráneo – es sede de la UpM y Medcities- y por el liderazgo que ejerce en el municipalismo progresista a nivel internacional. En el futuro será necesario reivindicar el Mediterráneo como bien común, fuente de riqueza simbólica y material, y como espacio de protección de los derechos humanos.
