Por Daniel Colado Torán
Cristina Cifuentes lleva varias semanas haciendo equilibrios en una cuerda floja que, cada día que pasa, tiene más visos de romperse. De sobra son conocidas las informaciones acerca de su título de máster y la red de mentiras que ha tejido y que ahora parece asfixiarla. Por lo que sabemos hasta ahora, la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid habría conseguido un título de máster que nunca cursó por la Universidad Rey Juan Carlos, una institución pública. Esto la deja en una posición muy delicada políticamente, pero conviene no desviar el foco de la universidad y de las autoridades de la misma, las cuales constituyen la segunda parte de esta trama.
Llegados a este punto, ¿cómo podemos explicar que una universidad pública regale a un cargo público un título de estudios superiores que este nunca cursó? La respuesta es más profunda que un simple trato de favor o una corruptela aislada. Responde a una característica intrínseca de la derecha española: una concepción patrimonialista del Estado y de las instituciones públicas. ¿Qué significa esto? Significa que históricamente la derecha de este país ha entendido España como su cortijo privado en el que hacer y deshacer; un espacio del que enriquecerse y que necesitan tanto como el aire que respiran para poder sobrevivir. Los actores principales de esta “clase reaccionaria” han sido y son la Corona, la jerarquía eclesiástica, la aristocracia y la clase política conservadora, contando con el ejército y con el resto del aparato del Estado como herramientas para preservar sus intereses particulares.
Partiendo de esta premisa podemos entender las repetitivas guerras civiles que han sangrado nuestro país, en especial la que acabó con la Segunda República, la cual intentó poner fin, desde el Estado, a los privilegios que atesoraba la clase reaccionaria española. La victoria de los reaccionarios en 1939 supuso la derrota de las fuerzas progresistas españolas en su objetivo de construir un país cuyo aparato estatal e institucional priorizase los intereses de las clases populares frente a los de los privilegiados, además de una cooptación de dicho aparato que se mantiene hasta el día de hoy.
Si a esta concepción patrimonialista que tiene el Partido Popular de lo que es de todos le añadimos una predominancia de este partido en el seno de ciertas instituciones, como es el caso de la Comunidad de Madrid, obtenemos lo que está ocurriendo estos días entre la presidenta Cifuentes y la Universidad Rey Juan Carlos (este nombre no podría ser más simbólico para ilustrar lo que estamos tratando). El Partido Popular de la Comunidad de Madrid, al igual que en la Comunidad Valenciana, ha dejado de ver Madrid como una región que gobierna y gestiona, pasando a entenderla como su coto privado, en el que todo lo que hay les pertenece, desde los hospitales a las universidades públicas. Por tanto, no estamos ante el “Caso Cifuentes”, sino que, presumiblemente, estemos ante un posible “Caso URJC”, un entramado de puertas giratorias en las instituciones públicas por el cual políticos del Partido Popular consiguen títulos de estudios superiores a cambio de favores políticos y subvenciones públicas.
Por tanto, esto no se solucionará cambiando el cromo de Cifuentes por el de una persona de perfil bajo como ha ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid en una suerte de Operación Murcia 2.0, sino que es imprescindible sacar al Partido Popular de las instituciones y mandarlo a la oposición. Y ahí resulta clave el papel de Ciudadanos, el cual ha de elegir entre mantener a Cristina Cifuentes o el discurso de la regeneración democrática. Hoy por hoy, ambos son imposibles de sostener al mismo tiempo.
