Por Assuès López
Al calor de las movilizaciones a raíz del conflicto del taxi se han puesto de manifiesto que en España, como en el resto de sus países vecinos, la llamada “uberización” de la economía es una realidad. El hecho de que como consumidores podamos acceder a comprar un servicio vía plataformas digitales como una “app” es algo extendido en nuestra cotidianidad, que aparentemente satisfacen necesidades y pretenden hacer más cómodas nuestras vidas. Estos servicios ya están presentes en multitud de sectores económicos tan elementales como el transporte –Uber o Cabify-, la alimentación –Just Eat o Deliveroo– o el alojamiento –AirBnB (vacacional) o Idealista (inmobiliario)-, sin olvidar al titánico Amazon.
El valor que crean dichos dispositivos es la exclusividad del servicio y personalización del producto que buscamos -a través de multitud de filtros en nuestras búsquedas digitales-, junto con la inmediatez en su consecución o, como mínimo, cercanía y contacto constante con el mismo -el llamado “estado de su pedido” que puedes comprobar desde tu móvil-. Todo preparado con tal transmitir confianza al usuario en una infraestructura novedosa que se presenta como la más eficaz en su resultado -obtener tu producto- y eficiente de cara al consumidor -“te lo llevamos a donde estés” no sea que tengas que ir a buscarlo al sobre-saturado servicio público de Correos-. Lo que en última instancia supone un refuerzo de la individualización a través del consumo, pero también un acceso a la competencia contra sectores que se suponían protegidos -como es el conflicto del taxi- o con una fuerte influencia -los hoteleros contra el alquiler vacacional-.
Un efecto evidente que consigue la inmediatez y exclusividad de estas prácticas frente a los métodos tradicionales es la automatización de nuestra conducta individual. Este mecanismo conlleva, desde mi punto de vista, un grave peligro a nivel personal, que consecuentemente repercute en lo colectivo: la exclusión de cuestiones como la ética empresarial de dichos servicios, o el impacto sobre el tejido económico local previo a su llegada, de nuestro foro interno. Por más que las luchas que se derivan de dicha problemática social intenten ocupar su espacio en el debate público y llegar a nuestras conciencias, la extensión y penetración de estos servicios en nuestras vidas cotidianas.
El sector del ocio no es una excepción en lo que se refiere a este tema. Recientemente se ha hecho eco en los medios de comunicación del crecimiento exponencial de los negocios relacionados con las apuestas y los juegos recreativos y de azar. Se han multiplicado las casas de apuestas en nuestros pueblos y ciudades y se han normalizado también las apuestas deportivas en línea a través de aplicaciones móviles. Frente a este hecho cabe destacar como estos locales han proliferado especialmente en barrios obreros, de renta baja, así como el consumo o uso de estos servicios entre la gente joven. La alta precariedad e inestabilidad en el empleo juvenil, junto con las altas cifras de paro no pueden obviarse al analizar este fenómeno, siendo la consecución de dinero fácil el principal mensaje que este negocio envía para captar clientes.
En relación con el aspecto de la ética empresarial, es alarmante toda la estética que envuelve el negocio de las apuestas. Sus estrategias comprenden desde los decorados y servicios lujosos en el interior de las casas de apuestas, imitando casinos de película, o los precios de las bebidas más reducidos que los bares cercanos, hasta la promoción a gran escala de sus firmas en las ligas deportivas de cabecera. Además, la colaboración de figuras públicas como deportistas de élite, actores o raperos en su publicidad, apelando descaradamente al público joven es muy útil para comprender la intención de este negocio como reproductor del paradigma del éxito, el dinero y la opulencia -comparte aficiones con tus ídolos, parécete y hazte rico como ellos-. Luego, es deprimente conocer ejemplos como el de el barrio madrileño de Tetuán en el que apenas sobreviven unos pocos de los muchos cines que allí se encontraban en el siglo pasado, en uno de los lugares donde más han proliferado las casas de apuestas. Esto lleva a pensar en el modelo de ocio al que tiene hoy acceso la gran mayoría de la juventud española, y que tipo de incentivos se le dan al panorama cultural para que se nos excluya de esta forma y ganen tanto espacio opciones como las casas de apuestas en este ámbito. En definitiva, el impacto que su presencia causa en el tejido comunitario y en especial a la juventud, cuando ya empiezan a hacerse notar desastrosos relatos familiares en los que los hijos se ven inmersos en serios problemas de adicción y han sufrido cuantiosas pérdidas, hace que muchos se planteen considerar este problema como algo comparable a lo sufrido en los años 80 con la adicción a la heroína.
Por otra parte, es sabido que, como muchas otras compañías vinculadas al fenómeno de la “uberización” económica, las grandes firmas internacionales de apuestas y juego en línea establecen sus sedes en paraísos fiscales como Malta (William Hill), Gibraltar (BWin) o la Isla de Man (Pokerstars). Los presupuestos generales de 2018 presentados por el gobierno del Partido Popular establecieron una rebaja fiscal del 5% sobre las ganancias netas del sector del juego en todo el estado, con una cláusula de exclusividad para Ceuta y Melilla en las que la reducción fue del doble, quedando el impuesto en un 15%. Esto ha convertido a las ciudades autónomas en paraísos fiscales a los que grandes grupos empresariales patrios del sector como Codere o Luckia trasladaron su sede fiscal. En un desgarrador acto de lo que todavía se le respeta a la soberanía nacional, el gobierno legisló una vez más en favor del interés empresarial del país, todo a costa del bienestar de su gente, que en última instancia sufre las consecuencias de este negocio tan atroz.
Aun así, ejemplos como éste nos demuestra que es a través de medidas políticas como se favorece o desfavorece -en el sentido contrario- el porvenir de estos negocios. Valorando también lo que está siendo la conclusión del conflicto del taxi en las grandes ciudades, vemos que, mediante la movilización colectiva, comprometida y capaz de articular demandas claras hacia el sistema político, se pueden lograr objetivos en el mismo sentido. Por ello, los intentos de regulación en los municipios de las distancias geográficas que se deben respetar entre locales de apuestas y entre locales y determinados lugares clave en la prevención del juego como institutos, centros de enseñanza o lugares de reunión juveniles, puede resultar una demanda eficaz. En este aspecto, las competencias municipales pueden jugar un gran papel, ya que, aunque estas medidas son más de carácter disuasorio y perjudican levemente a estos negocios, pueden sentar un precedente que de lugar a esta problemática y a las demandas del tejido comunitario local que se manifiesta en su contra en el seno del debate público.
Contando con ello, en mi opinión, se debería de optar por establecer vínculos y similitudes con otras problemáticas que se derivan de la “uberización”, como pueda ser la evasión fiscal -como el elemento más extendido en cada caso-, con tal de crear una demanda mayor que combata este proceso en su conjunto y reclame un modelo alternativo. Todo esto teniendo en cuenta que el problema de fondo sigue estando en las condiciones estructurales precarias en las que se encuentra el mercado de trabajo, la juventud y el coste de la vida en España, como propiciadores de esta situación. Por tanto, la lucha contra las casas de apuestas que impiden un ocio digno para la juventud, contra empresas como Uber o AirBnB que pretenden dominar sectores enteros a costa de la calidad de vida del conjunto de los ciudadanos y de las condiciones de trabajo, es la lucha por una sociedad mejor.