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Por Daniel Alonso González
Desde hace un año vivimos una crisis múltiple junto a otra crisis a varios niveles que ya la precedía. La década 2010-2020 nos ha dejado un cúmulo de inestabilidad política, depresión económica (dentro de la cual vivimos recesiones y recuperaciones neoliberales), conflicto territorial y una crisis social estructural. A nivel internacional, se destacan las crisis migratorias derivadas del imperialismo, el auge de la extrema derecha y la erosión de la credibilidad de la UE, aunque no su hundimiento; el ascenso de Trump y la pervivencia del trumpismo tras su derrota, golpes oligárquicos y recuperaciones nacional-populares en Latinoamérica, el olvido permanente de África siquiera como actor político en el mundo… Como telón de fondo, pero también como factor de primer orden, la crisis climática a nivel planetario articulada con el modelo capitalista. La pandemia ha añadido una crisis sanitaria desastrosa a nivel humano y una devastación económica que está agravando elementos persistentes anteriores, facilitados por las reformas laborales y la división internacional del trabajo (la UE de Maastricht). Las clases sociales más bajas llevan un año naufragando entre la enfermedad-muerte-ansiedad ante restricciones y la ya cada vez más extendida precariedad laboral. Comes o mueres, malvives confinado y/o malvives precarizada, y el añadido estructural de la violencia machista en los Estados de alarma. Nos encontramos ante una tragedia humana colectiva.
La crisis política española ha atravesado diferentes situaciones: conflicto social contra los recortes, momento populista en el ciclo electoral 2014-2016, contra-hegemonía ultraderechista alimentada por el procés y, en el último año, el transformismo protagonizado por un PSOE al que hace 10 años se le catalogaba prematuramente como pasokizado. De todas estas cuestiones se podría escribir un mar de letras.
La primera y necesaria mención es que, por primera vez desde la Guerra Civil, se ha conformado un Gobierno de coalición en el Estado, y por primera vez la izquierda (y el histórico PCE que integra su coalición) a la izquierda del PSOE, es uno de los socios políticos. En el momento de mayor debilidad electoral hasta la fecha de Podemos y Unidas Podemos, es cuando se ha accedido al Ejecutivo. Las diferencias programáticas y comunicativas entre PSOE y UP presuponían una dificultad de entendimiento que, tras los resultados del 10N, parecieron disiparse inmediatamente. El auge de Vox y el riesgo de no sumar una mayoría que diese a Sánchez la presidencia en otros comicios (y que excluyera a UP de detentar responsabilidades a dicho nivel) pudieron acelerar el acuerdo de gobierno.
Un segundo elemento de este año de Gobierno es la actitud patrimonialista de la derecha española en su conjunto. Aunque hunde sus raíces históricas muy hondo, se ha agravado el recurso de la deslegitimación de origen del nuevo Gobierno, señalando los pactos con socios a los que se considera prácticamente terroristas. La cobertura mediática tiene mucho que ver en todo este asunto, tanto en espacios conservadores como progresistas. El ‘efecto Vox’ ha conducido al PP a su estilo y a sus posiciones; la dependencia de los de Abascal para seguir gobernando algunas comunidades autónomas y ayuntamientos, o la creencia de que competir en el terreno neoconservador más duro, incluso reaccionario, es una solución a la fuga de votos, están dejando a Casado bajo una disonancia cognitiva-política complicada. Excepcionalmente, el ‘efecto Ayuso’ –y muy especialmente de cara a las próximas elecciones regionales– parece constituir un bastión del PP en su guerra contra el Gobierno. Parafraseando a la presidenta, Madrid es el gran laboratorio neoliberal dentro de España.
El repliegue de la derecha en la simbología y discursos golpistas, incluso en el terror de Estado –la oda a Galindo por una diputada de Vox, los vivas a la Policía mientras se apalea, literalmente, a la población civil en lugares como Linares–, la servidumbre ante las corruptelas de la jefatura de Estado y de estado de excepción contra la justicia social, además de constituir un peligro real para la población, es un marco aprovechado por el Gobierno. La mayor parte del tiempo de la política institucional está dedicada a defenderse de los exabruptos de PP, Vox y los restos de Ciudadanos, mientras las políticas económicas han seguido el continuismo que podría haber adoptado (M.)Rajoy en algunos aspectos importantes. Y, sin embargo, el electorado de UP simpatiza más con el PSOE que el de este con el primero –el CIS de febrero refleja un mayor porcentaje de votantes de UP que votarían al PSOE que a la inversa, así como en la simpatía dado el recuerdo de voto o en la variable ‘voto+simpatía’[1]–. Quizá por ello, no es descabellado pensar que Sánchez y Redondo se sienten cómodos y agradecidos en cierta manera por tener enfrente a Abascal y Casado.
Un tercer elemento es que el acuerdo de Gobierno desconocía la propagación de la pandemia y sus terribles efectos. Por otra parte, la excepcionalidad de esta pandemia a todos los niveles, y la reacción oligárquica tan ausente de empatía, favoreció que hubiera una amplia base social conforme a medidas impensables en una situación de “normalidad”. Tras la inacción del Gobierno en aspectos fundamentales para sentar las bases de un sistema más democrático en forma y materia, el desencanto ha vuelto a la palestra, ahora con reacciones espontáneas, pero con un fondo sistémico. El caso Hasél expresa algo más que el apoyo a un rapero encarcelado, lo cual de por sí es grave. También la anti-política derechista se abre camino ante problemas reales. El consenso centrista lucha contra la movilización de masas al tiempo que se erige representante de las clases populares; como señalaba Stuart Hall, este es un escenario del que se aprovecha la derecha radical para cargar contra el Estado con el objetivo no de reducirlo, sino de apropiárselo y rearticular la sociedad. Hall atribuía a los ejemplos de burocratización estatal por el que el intervencionismo social-liberal es percibido como negativo, para explicar que el discurso neoconservador pareciera anti-establishment, aunque su política pública fuera continuista o incluso agravara los problemas que denuncia[2]. En definitiva, los límites y abusos del neoliberalismo progresista son utilizados para alimentar un relato ultra, tanto o más antidemocrático, pero movilizador en un primer momento y bastante hábil en usar los códigos del sentido común del momento.
El balance general del primer año de Gobierno de coalición sigue, ciertamente, la senda denunciada por Hall en el caso del colapso laborista en los ochenta. En primer lugar, la excepcionalidad de la pandemia y el giro de la UE respecto a 2008 no han anulado las dinámicas de austeridad. La Comisión Europea exige reformas bajo los mismos pilares que hace una década: “Una vez que vuelva la recuperación, debe volver la sostenibilidad de la deuda y se tendrán que retornar los objetivos presupuestarios a medio plazo” afirmaba su vicepresidente económico hace unos meses[3], lo que pone en riesgo otras reformas de tipo social (sanitarias y estabilidad laboral). En segundo lugar, se está produciendo un trasvase de recursos públicos a las grandes empresas del Ibex por la vía de los fondos de recuperación de la UE [4]. No son las reglas escogidas por el Gobierno, pero tampoco se explican desde el Ejecutivo las limitaciones impuestas por las dinámicas de la UE (de sus oligarquías), lo que choca con el manido lema de decir “la puñetera verdad”, “le duela a quien le duela”, etc.
Pese a las discrepancias de UP dentro del Ejecutivo y de algunas medidas indudablemente positivas o potencialmente positivas que defender (como una mayor inversión en Sanidad y Educación o mejoras laborales importantes) no se va a extender ese buen hacer al conjunto de los ministerios que detenta el PSOE, partido articulador del Régimen del 78. Los celebrados fondos de recuperación llegan tarde, condicionados y mermados, de los que se aprovecharán grandes empresas. El modelo laboral y de pensiones tiene como paradigma retrasar la edad de jubilación –mejor dicho, hacer cumplir el retraso a los 67 años que ya impuso el PSOE con Zapatero– y aumentar la edad de cotización, además de transitar hacia un modelo de fondos privados [5]; la oposición de UP y de los socios de investidura hacen de muro de contención en el ámbito institucional, pero los grandes planes continúan: reparto oligárquico de fondos, reforma laboral en vigor (la del PSOE no entra en el acuerdo, pero no hay que olvidarla), una ley mordaza no sólo vigente sino reforzada… La oposición no ha impedido que las medidas con tintes de austeridad neoliberal salgan adelante. La retórica de la movilización social de los últimos años no se corresponde con la falta de acción por recomponer el tejido social que se complemente desde la autonomía en la oposición a los consensos austericidas. La concreción del escudo social es deficiente en tiempo y alcance, problematizando aún más la retórica triunfalista. Los ERTEs han evitado el empobrecimiento masivo en tiempo récord, y se ha procedido positivamente al investigar el fraude empresarial [6]. Pero también nos encontramos ante la contradicción de financiar públicamente salarios que corresponden al empresariado, mientras este se apropia del papel del que se sacrifica, cuando el dinero procede del Estado. Esto debería abrir un debate: si el Estado es eficiente para financiar los pagos en las empresas y los trabajadores lo son para sacar la producción adelante en la pandemia, por qué no podrían ser ambos sujetos para gestionar muchas de ellas, o al menos para tener mayor participación. Las ayudas indirectas y directas a las pequeñas empresas también llegan tarde, y habrá que observar si se incorporan requisitos que garanticen buenas condiciones laborales a sus empleados. En cuanto a la vivienda, el Sindicato de Inquilinas ha dejado claro en numerosas ocasiones la falta de ambición y voluntad del PSOE para regular los precios y de extender la suspensión de algunos desahucios –otros se están ejecutando con normalidad– más allá del Estado de alarma. La futura Ley de Vivienda se encuentra en fase de negociación con dos posturas enfrentadas; en materia de precios y en la consideración de quiénes son grandes tenedores, el PSOE sigue apostando por el capitalismo inmobiliario, mientras UP por una reforma social que en otros países se podría dar sin mayores tensiones. El único acuerdo hasta el momento parece ser el de retrasar algunos desahucios y la oferta de alternativa habitacional [7]. Por último, el Ingreso Mínimo Vital está encajonado en el asistencialismo, dentro del cual su aplicación es todavía más reducida, dejando a millones de personas fuera de la libertad que da el salir de la pobreza y del chantaje laboral.
Bajo el plan “centrista” y transformista capitaneado por el PSOE, la izquierda dentro del Gobierno ha cosechado malas previsiones. Los movimientos de los últimos días en relación a las elecciones madrileñas pueden mejorar la posición de UP; no obstante, si esto no se concreta en una agenda propositiva que aúne transversalidad, hegemonía y proyecto socialista-democrático para frenar la crisis que deja el covid, el alcance del giro será limitado. Nos encontramos ante un dilema enormemente complicado. Salir del Gobierno en este momento implica una desestabilidad que puede fortalecer a las derechas neoconservadoras lideradas ideológicamente hoy por Vox y por el ayusismo, especialmente con Madrid como bastión del PP ejerciendo de oposición a Moncloa; quedarse dentro del Ejecutivo lleva a contemplar cómo el neoliberalismo progresista restaura el régimen del 78 y sus consensos de austeridad (muchas veces con el acatamiento), recortes y subordinación en la división internacional del trabajo.
No basta con discrepar en redes o en medios mientras en el día a día se avala la práctica con la que precisamente uno disiente. No podemos decir que tenemos un Gobierno de izquierdas que seguirá haciendo cosas de izquierdas (es decir, que da por hecho que ya las está haciendo) frente a una derecha monstruosa (que lo es), o que el neoliberalismo ha sido derrotado [8] y al día siguiente lamentar que el PSOE no está por la labor de tomar ninguna medida emancipatoria, ni siquiera en el ámbito civil como sucede con la Ley Trans que defendía cuando tenía su cuota de poder, o con la ausencia de la mínima voluntad de intentar democratizar las fuerzas de seguridad, especialmente las unidades de acción en la calle. Ni que decir del poder judicial. Tampoco sirve escudarse en que tenemos 35 diputados en vez de 120, y culpar a la gente de votar mal. Que el co-gobierno se daría en una correlación desfavorable era algo conocido, y choca con el mencionado triunfalismo que se desprende en paralelo. Con estos mimbres tan débiles, la denominada “agenda republicana” no pasa de ser una seña de identidad para diferenciarse de un PSOE abiertamente comprometido con la causa monárquica. Es un retorno a la izquierda pre-15M: la República como identidad particular y no como identidad y proyecto social (símbolos aparte). Tampoco sirve denunciar la enésima traición socialdemócrata sin una alternativa popular sólida, que incorpore la multitud de sensibilidades emancipatorias y que interpele a la mayoría social.
La ficción que proyecta la ultraderecha respecto al “social-comunismo” tiene una parte de verdad, que utiliza para fortalecer su proyecto social de terror: no se está gobernando para la gente. Lo cínico y peligroso es que los movimientos reaccionarios comparten ese mismo fin, con medios horrendos: poner a la sociedad al servicio de la oligarquía. Por lo pronto, la izquierda que forma parte de este Gobierno debe revertir ese enfoque que transforma los límites desagradables en virtud, la táctica ante la desigualdad de fuerzas en una estrategia deseable. Este discurso inconsecuente y discontinuo, tan sólo ligado por el rechazo a la derecha que rentabiliza el PSOE, está destinado al fracaso. Quizá sea hora de reivindicar la propuesta de Manolo Monereo de convocar unos “estados generales” en el campo de eso que llamamos izquierda [9], para desbordarla hacia algo más ambicioso.
[1] http://datos.cis.es/pdf/Es3309reiMT_A.pdf
[2] Hall, S. (2018). El largo camino a la renovación, Lengua de Trapo.
[4]https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/12/companias/1613160756_792884.html
[6] https://www.publico.es/economia/ertes-inspeccion-ataja-fraude-millonario-erte.html
[7]https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/15/economia/1615836888_802075.html
[8] https://twitter.com/pabloechenique/status/1313454013501845507
