lunes, octubre 23, 2017
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La incertidumbre después del 10 de octubre

Por Clàudia Hidalgo González

El pasado 10 de octubre Carles Puigdemont compareció en el Parlament de Cataluña para comentar los resultados del referéndum celebrado el 1-O. Amparándose en la Ley de Transitoriedad, suspendida por el Tribunal Constitucional por el Recurso de Inconstitucionalidad 4386-2017, Puigdemont asumió el mandato de declarar la República Catalana de acuerdo con los resultados del referéndum, para segundos después pedir al Parlament la suspensión de la declaración de independencia. Con la suspensión de la independencia, Puigdemont abre la puerta a dialogo con el gobierno central.

Esta estrategia, a todas luces ideada para intentar contentar tanto a las demandantes de una DUI como a las temerosas de que al Parlament se le fuera de las manos y acabara en la aplicación de 155, no ha dejado indiferente a nadie. Por un lado, la CUP, gracias a la cual JuntsXSi pudo formar gobierno, ha firmado la declaración de independencia pero no la suspensión, cosa que demuestra su posición respecto a abrir un dialogo con Madrid. Por otro lado, el gobierno central ha pedido al Parlament que aclaren si se declaró o no la independencia, para proceder a aplicar el artículo 155 de la Constitución; negándose a su vez a dialogar, ya que creen que no cabe dialogo contra aquellos que actúan desde la ilegalidad. A nivel internacional, la CE ha ignorado la petición de mediación e insisten en respetar el orden constitucional español.

Pese a que la esfera política es ciertamente lo relevante de la cuestión, no se puede obviar qué es lo que está opinando la gente a píe de calle, puesto que sin la movilización del pueblo catalán éstas dos últimas semanas el referéndum no se habría celebrado. Hay dos grandes opiniones: Aquellas que creen que Puigdemont ha actuado con cabeza y desde la realidad (Era tanto formal como materialmente imposible que una DUI triunfara, puesto que Cataluña carece tanto de soberanía como reconocimiento internacional para imponer la separación respecto a España) y aquellas que creen no se ha cumplido con lo prometido durante la campaña.

Siguiendo con el último grupo de población, el problema de los programas y campañas electorales es que se prometen defender unos intereses que posteriormente siquiera llegan a ser considerados. En numerosas ocasiones es consecuencia de que para formar gobierno los partidos deban pactar entre sí, de manera que ceden ciertos puntos del programa para recibir apoyo de otras formaciones. La traducción a la realidad del Parlament catalán no es ni por asomo éste supuesto. Sí que es cierto que la coalición de JuntsXSi tuvo que pactar con la CUP para poder formar gobierno, pero paradójicamente el único nexo de unión es el independentismo. Por lo tanto, ¿Por qué no cumplir Puigdemont con la promesa electoral de declarar la independencia una vez obtenido un resultado del 90% a favor del sí?

Pero ciertamente no estamos ante un problema de falta de compromiso frente a las promesas electorales, sino que tampoco se está cumpliendo con la legalidad paralela que el Parlament tanto se ha esforzado en crear, pese a que el TC la haya suspendido a medida que la legislación veía la luz.  Tampoco se puede exigir que le dé la fuerza de ley fundamental que la propia ley se atribuye (En el artículo 3 la ley dispone que “Mentre no sigui aprobada la Constitució de la República, la present Llei es la norma suprema del ordenament juridic català”), pero no veo el punto de pedir la suspensión de efectos de una ley sobre la que se justifica la celebración del referéndum que tanto empeño ha puesto la Generalitat en defender y publicitar.

La cuestión no es, obviamente, reclamar a Puigdemont una promesa que no se sustenta en ninguna legalidad excepto la creada por el Parlament, y que cuyas consecuencias jurídicas no eran más que una utopía que algunos sectores de la sociedad creyeron ciegamente. Tampoco es sobre cómo va el gobierno central solucionar el problema independentista si se niega al dialogo. El auténtico problema que surge tras el 10 de octubre es cómo va a poder confiar el pueblo catalán su futuro a un gobierno que ni siquiera aplica su propia legalidad.

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