Por Carolina Medina
“Yo, soy estudiante, soy, lo que yo quiero es estudiar para cambiar la sociedad ¡Únete a la lucha!”
– Canto popular en las marchas estudiantiles
Génesis: hacerle frente a la falta crónica de financiamiento en las universidades estatales de Colombia
Los estudiantes colombianos han sido protagonistas de recurrentes manifestaciones por la defensa de la educación este último año. La primera ola de protestas estalló el pasado octubre de 2018; en esta ocasión, salieron a las calles de las principales ciudades del país para exigir una respuesta rápida ante la profunda crisis presupuestal que sufría, y sufre, la educación superior pública. Denuncias de edificios enteros desmoronándose, inestabilidad financiera, demoras en los pagos de los profesores, recortes en los programas de becas y sistemas de préstamos empobrecedores, fueron algunas de las razones que unieron a estudiantes, padres de familia, profesores, simpatizantes, y encendieron la llama de la movilización. Las raíces de este déficit datan de hace muchas décadas y a pesar de que las cifras muestran el incremento de flujos presupuestales hacia este sector, pocos son los resultados en materia de ampliación de la infraestructura educativa y la calidad del aprendizaje. La necesidad de un cambio de enfoque y el aumento de inversiones en proyectos estructurales es por lo que luchaban los manifestantes.
Ante pactos incumplidos y creciente estigmatización: salir a la calle
Estas marchas tuvieron continuación en noviembre del 2018, pues a pesar de que el Presidente Iván Duque, representantes del Ministerio de Educación y 32 rectores de universidades públicas se hayan sentado en una mesa de diálogos para trazar un plan de acción conjunto, los estudiantes no se sintieron representados con los resultados de estas negociaciones. Estos últimos no se conformaron con el nuevo presupuesto negociado ni con las ayudas propuestas; las medidas tomadas por las diferentes entidades involucradas en el debate del financiamiento de las universidades estatales fueron consideradas paliativas, ya que no resolvían los problemas ligados a las resquebrajadas infraestructuras ni aseguraban la impartición de una educación pública de calidad. Es por esto que los universitarios se congregaron una y otra vez en diferentes puntos del país para ampliar sus voces por medio de marchas, plantones, actuaciones artísticas, debates al aire libre, entre otras.
Es especialmente relevante lo que ocurrió en Bogotá, donde los estudiantes decidieron tomar ruta hacia el norte de la ciudad, que es la zona más rica de la capital. Este se trató de un acto simbólico sin precedentes. Los manifestantes le apuntaban a expresar su desacuerdo y dar visibilidad a su lucha en espacios de poder a los que muchas veces no tienen acceso. El objetivo era hacer un llamado al apoyo por parte de los diferentes sectores de la sociedad y a la necesidad de unión en medio de tiempos de precarización generalizada. No obstante, las movilizaciones se desbordaron y se vieron gravemente afectadas por la violencia y la represión de la fuerza pública; gases lacrimógenos, agresiones físicas y bombas de aturdimiento fueron empleadas para diseminar la protesta que terminó colapsando la ciudad.
Agresiones físicas y bombas de aturdimiento fueron empleadas para diseminar la protesta que terminó colapsando la ciudad.
Para el infortunio de aquellos que luchan por un país más equitativo y por el futuro de su educación, las protestas vienen siendo extremadamente estigmatizadas por los medios masivos de comunicación e importantes sectores de la opinión pública. Los estudiantes, por hacer uso legítimo de su derecho constitucional, han sido tildados de vagos, delincuentes y hasta peones de las mafias por altos representantes del Gobierno nacional y de las diferentes alcaldías. El discurso que se ha querido movilizar por parte de las autoridades es claramente uno donde se criminaliza la acción colectiva y se anulan completamente las denuncias. De esta manera, el foco mediático fue puesto en la escalada de violencia y en el “vandalismo” dejando de lado su componente político y la importancia de las marchas estudiantiles como espacio de expresión crucial para la expansión de derechos. La banalización y vandalización han sido históricamente dos palancas accionadas para justificar la violencia simbólica y física del Estado.
Nuevas configuraciones y desafíos para la educación: entre corrupción, represión y violencia
Las marchas volvieron a revivir estos últimos dos meses tras el escándalo en el que se vio envuelto uno de los altos directivos de una de las universidades públicas más importantes del país, la Universidad Distrital. El exdirector del Instituto de Extensión, Wilman Muñoz, fue acusado de haber robado, en 7 años, más de 10.400 millones de pesos (aproximadamente 3 millones de euros); presupuesto con el que se estima que se hubiesen podido becar a 2200 alumnos. Los gastos que Muñoz hizo con recursos públicos salieron al aire y entre ellos resaltan carros, relojes, una cuenta de Netflix y múltiples fiestas en prostíbulos, a las que, según Muñoz, también atendía el actual rector de la Universidad. Llenos de indignación e inquina ante tal despilfarro, salieron los estudiantes de la Distrital a las calles a oponerse rotundamente a la desfachatez e irresponsabilidad de su cuerpo administrativo.
En solidaridad, los alumnos de la universidad privada vecina, la Pontificia Universidad Javeriana se unieron a las protestas que una vez más fueron marcadas por el exceso de la fuerza por parte del aparato público. Ni los gases, ni los proyectiles de agua, ni los exabruptos los pararon. Luego, el 27 de septiembre y el 10 de octubre, miles de estudiantes de universidades -privadas, públicas y simpatizantes- se unieron al grito de indignación común pero la historia se repite: detenciones arbitrarias, represión y un par de actos de “vandalismo” se robaron el escenario. Mientras que algunos sectores de la sociedad celebran la actuación de la fuerza pública y deslegitiman las marchas, otros condenan estos actos abusivos y exigen que se cumpla el deber de respetar la movilización.
Para colmo de males, el 16 de octubre se aprobó en el Congreso el polémico presupuesto general de la nación para el 2020. Uno de los artículos propuestos por Iván Duque que más revuelo ha causado es el 44; el mencionado artículo busca que del presupuesto de las universidades públicas se paguen demandas, fallos y sentencias contra el Estado. El Ministro de Hacienda justifica la presencia de este como “parte de una larga tradición” legislativa y asegura que por medio de él solo se busca que las universidades públicas sean las encargadas de atender los fallos o sentencias proferidos en su contra. Frente a la falta de claridad, la Cámara de Representantes le ha pedido al Gobierno que objete el artículo, porque tal y como está redactado parece que el presupuesto de las universidades estatales se convertirá en la caja menor del Estado. Esta medida arbitraria terminaría por asfixiar presupuestalmente aún más a las universidades públicas, deja entrever la poca voluntad política de cumplir los acuerdos firmados hace un año y pone en riesgo los recursos obtenidos con el esfuerzo de las manifestaciones. Es por esto que un día después, los movimientos estudiantiles se organizaron rápidamente y declararon una Jornada Nacional de Protesta.
El mencionado artículo busca que del presupuesto de las universidades públicas se paguen demandas, fallos y sentencias contra el Estado.
Algunos días más tarde, el 31 de octubre, estudiantes de instituciones de la educación superior de diversos sectores, dejaron más que claro que sí lo que querían las autoridades era silenciarlos, ellos iban a gritar. Que si no los dejaban soñar, ellos no los dejarían dormir. En esta que llamaron “Noche de Máscaras” se tomaron una vez más las principales plazas y calles del país para hacerle frente a la indiferencia del Gobierno, exigir transparencia y denunciar la falta de un efectivo control financiero. Angie Delgado, representante de la Unión de Estudiantes de la Educación Superior (UNEES) nos cuenta que una de las mayores preocupaciones del movimiento es que “a fin de cuentas, los pocos recursos que tenemos están siendo desviados para el lucro personal de algunos”.
A parte de esto, una de las reivindicaciones que más sobresalió y que ha tomado un papel central en la potencialización de las protestas, es el rechazo a la violencia con la que el Estado responde a la protesta social. Lo grave, es que “en este país es violento hacer un graffiti, es violento salir a manifestarse, rayar Transmilenios (buses), pero no es violento atacar estudiantes con gases lacrimógenos vencidos como lo hizo el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios)”, continúa Delgado. También denuncia que la gran mayoría de las marchas han terminado en convulsionados enfrentamientos; lesiones inferidas por el ESMAD también se reportan en todas las ciudades que han participado en las manifestaciones, a pesar de que ni las autoridades ni las asociaciones estudiantiles han declarado un número exacto. Lamentó de igual manera, casos como el de Esteban Mosquera, quien perdió un ojo en las protestas del diciembre 2018.
La inconformidad no hace más que multiplicarse y las frustraciones alcanzan niveles inmensurables ya que las condiciones de vida son cada vez más hostiles en Colombia y el gobierno no está “cumpliendo a cabalidad todos los acuerdos” afirmó la representante de la UNEES.
La “teoría de los dos demonios” revisitada
La “teoría de los demonios” es utilizada frecuentemente en las ciencias sociales latinoamericanas para caracterizar el discurso con respecto a la violencia y la rendición de cuentas, movilizado por el sistema de gobierno vigente (establishment) en tiempos de quiebre institucional. Esta alocución fue estudiada por primera vez en la Argentina postdictatorial, más específicamente en el momento en que muchos intelectuales se dedicaron a una revisión historiográfica de lo ocurrido y propusieron diversas lecturas clave de las memorias de violencia en la sociedad.
A través de la teoría de los dos demonios, el Estado justifica sus excesos como una mera respuesta a estímulos violentos por parte de la insurgencia y descarta los objetivos políticos, sociales, económicos y disciplinarios detrás de la dictadura. De hecho, en el informe Nunca Más de 1984 se hace referencia al hecho de que Argentina habría vivido un clima de violencia política intrínsicamente provocado por dos extremos ideológicos. Las revisiones historiográficas evidencian que al movilizar esta teoría, los remitentes buscan equiparar las acciones de los aparatos del Estado a las del supuesto terrorismo de izquierda que pone en riesgo la seguridad y la estabilidad del país; esto implica que las posibles víctimas de la brutalidad de la fuerza pública reciban también el estatus de victimario. Bajo esta lógica de justificaciones y ajustes de cuentas perversos, se justifica que en medio de la ”lucha por el bien común mayor”, la fuerza pública viole lo inviolable. Por consiguiente, todo aquel que desafíe el “sagrado monopolio estatal de la fuerza” tendrá que atenerse a las consecuencias de esta última.
Bajo esta lógica de justificaciones y ajustes de cuentas perversos, se justifica que en medio de la ”lucha por el bien común mayor”, la fuerza pública viole lo inviolable.
Recuperar esta idea podría servir para analizar más a fondo el relato que el Estado, medios y clases dominantes han construido para explicar los atropellos que se han llevado a cabo estos últimos meses. Además, al recurrir a un esquema de amigo-enemigo se niega por un lado el contenido social de las protestas y por otro lado, se invisibilizan los intereses que tiene el Estado en mantener cierto orden hostigador y aplastante. Bajo este discurso es muy difícil exigir una verdadera rendición de cuentas por parte del Estado o establecer una clara división entre violaciones a los derechos fundamentales de la persona humana y “represión legítima” empleada por la fuerza pública. Sin embargo, vale la pena seguir reflexionando sobre este tema y que permee los debates públicos; diabolizar la protesta, así como exculpar al Estado de sus irresponsabilidades y de la violencia esgrimida en las manifestaciones es un peligro para la construcción de una sociedad medianamente justa y libre.
Además, al tratarse de un debate discursivo, también tendríamos que cuestionarnos sobre el rol de los medios de comunicación en este proceso de señalización. Al dedicarse a cubrir parcialmente las protestas, estos dan pie a la proliferación de una narrativa excluyente y criminalizadora que favorece a unos cuantos. Titulares del tipo: “Manifestaciones estudiantiles culminan en disturbio en tres ciudades”, “La batalla entre estudiantes y el Esmad que paralizó a N. de Santander”, “En desmanes terminaron marchas de estudiantes en el país”, “Si hay disturbios vamos a intervenir: Peñalosa” han acaparado la cobertura mediática. Al contribuir al tratamiento de la protesta social como un problema de orden público, se empañan las demandas sociales. Los grandes medios de comunicación deberían estar consagrados a la transmisión de información, no al amedrentamiento de la población.
Llamado a un gran paro nacional
En definitiva, la falta de respuestas por parte del Estado y el ser retratado constantemente como enemigo son algunas de las dificultades a las que tienen que enfrentarse los movimientos estudiantiles, quienes siguen en pie de lucha a pesar de las barreras puestas por los grupos atornillados al poder. El descontento no solo reverbera en el gremio de la educación. El sindicato de trabajadores hizo un llamado general a la unión y al rechazo de lo que ahora se conoce peyorativamente como el “Paquetazo”, haciendo referencia a las medidas recientes del gobierno Duque como la reforma pensional o la flexibilización del mercado laboral. De igual manera, se unieron al paro varias organizaciones y comités de indígenas que luchan por el respeto a la vida y a la tierra. En el gobierno de Duque han sido asesinados 83 indígenas (Idepaz, Octubre 2019), es por esto que los compañeros irán de luto por sus compañeros pero prontos a denunciar y defenderse de lo que muchos han llegado a llamar el “genocidio” indígena .
De la mano de estos, estarán las asociaciones que buscan hacer un llamado al cese de la persecución y al asesinato de líderes sociales que ha acabo con la vida de 155 personas durante 2019 (Indepaz, Septiembre 2019). La manifestación del 21 noviembre tiene por objetivo tener profundas repercusiones. “Queremos denunciar un gobierno negligente con la educación superior pública, con los trabajadores y las clases más desprovistas del país” insta la representante Delgado. Llegados a este punto, no se puede de ninguna manera desconocer que hay muchas grietas abiertas y que la necesidad de un cambio sustancial ya no está en la esquina de la calle… Se encuentra en la puerta de la casa.
Referencias
– Ávila, Ricardo “Protestas, un acertijo complejo”, en periódico El Tiempo, 27/10/2019 https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/protestas-en-colombia-como-las-de-chile-y-ecuador-427420
– Entrevista a Angie Delgado, representante de la UNEES, (9/11/2019)
– Franco, Marina, “La “teoría de los dos demonios”: consideraciones en torno a un imaginario histórico y a las memorias de la violencia en la sociedad argentina actual.”, en ¡Atención!, Vol. 12, Instituto Austriaco para América Latina, Universidad de Viena, Austria, 2008, págs. 267-286.
