Daniel Colado
Tras la segunda ronda de consultas con el Rey Felipe VI desde el 28 de abril, España se asoma a una nueva repetición electoral, la cuarta en apenas cuatro años. Conocidas son ya de sobra las razones que nos abocan a las urnas el próximo 10 de noviembre. Cabe destacar que se fijó la fecha de investidura el 23 de julio en lugar del 16, una semana antes, para que la “posible” repetición electoral no cayera el domingo 3 de noviembre, en pleno puente de «Todos los Santos». ¿Qué voluntad real de llegar a acuerdos había partiendo de esa premisa?
La sociedad española ha vuelto a ser testigo de un verano vergonzoso, donde el perpetuo ruido y el cada vez mayor hastío y enfado no permitirá, como recuerda Gabriel Rufián, que la gente recuerde quién propuso qué, quién manipuló y filtró documentos o quién se movió más. Este es un problema que afectará a una ya de por sí clase política muy cuestionada. Según el CIS de junio, llevado a cabo en plenas negociaciones entre el PSOE y UP, los políticos representan el segundo problema para los ciudadanos españoles, justo por detrás del paro. Casi uno de cada tres españoles (el 32,1%), cita a la clase política como una de sus preocupaciones. La última vez que este porcentaje superó el 30% fue en 2012 y 2013, después del 15M, del “no nos representan” y justo antes de la aparición de Podemos y de Ciudadanos.
Por tanto, no es necesario llevar a cabo una crónica de los sucesos de julio ni de septiembre, sino de plantear soluciones que vayan más allá de la formación de un gobierno tras el 10N, las cuales han de atender, en mi opinión, tanto al panorama internacional como al nacional, siempre subordinado este al primero. Como bien ha radiografiado Enric Juliana desde su columna en el periódico La Vanguardia, la cumbre del G-7 en Biarritz a principios de septiembre ha conllevado una suerte de reordenamiento del escenario internacional. Las alarmas económicas que anuncian una posible nueva recesión han llamado a la mesura a los principales líderes mundiales. Así, Matteo Salvini fue defenestrado del gobierno italiano; y Boris Johnson perdió la mayoría en el Parlamento Británico y deberá pedir, por ley, una nueva prórroga a Bruselas para negociar el Brexit. Sánchez, bien asesorado, sabía que, en estos momentos, compartir el Ejecutivo con Unidas Podemos representaría de todo menos la mesura demandada. He aquí uno de los verdaderos motivos para entender el cambio de postura del PSOE respecto a la oferta de gobierno de coalición planteada en julio a UP, la cual se desvaneció en septiembre. Este reordenamiento internacional lleva a lo que Sánchez y la clase privilegiada de este país siempre han deseado: un acuerdo con Ciudadanos que, si no se ha producido, ha sido por el escoramiento de Albert Rivera a la derecha. Por tanto, el escenario tras el 10N parece claro, atendiendo a las encuestas: subida de los partidos tradicionales y bajada de la “nueva” política, lo que conllevará un mayor acercamiento entre PSOE y C’s, a la espera de que también pueda sumarse el PP.
¿Qué es lo que esto conlleva? Reordenamiento internacional y nacional. Sánchez y Rivera de acuerdo en todo lo que realmente importa, impidiendo la formación del gobierno progresista que tanto necesita este país. Y, mientras, con una izquierda en su papel habitual de contestataria a la par que incapaz de proponer un horizonte nuevo de país. La convocatoria de elecciones será el reflejo del distanciamiento, como ya ocurrió hace diez años, del Parlamento con la sociedad española, el cual se agrandaría aún más con el tan deseado acuerdo entre Sánchez y Rivera tras el 10N. Hacen falta, por tanto, nuevas fórmulas.
Ante un momento en el que la clase política vuelve a no representar al conjunto de la sociedad española y con la posibilidad de un acuerdo por arriba que no abordaría las transformaciones que necesita nuestro país, se vuelve necesaria savia nueva; una candidatura amable, abierta, plurinacional y, sobre todo, con voluntad real de llegar a acuerdos entre formaciones políticas muy distintas y que demuestre que la nueva política no solo es deseable, sino necesaria en términos democráticos. El primer paso se dio el domingo, en una asamblea en la que la militancia de Más Madrid se mostró mayoritariamente abierta a explorar una fórmula que, si bien aún está por definirse, patea el tablero político español. Las reacciones no tardaron en llegar y, al igual que ocurrió en 2014, bascularon entre la peligrosa indiferencia de la derecha y las críticas encarnadas de la izquierda esencialista. No deja de resultar anecdótico que sea la misma formación política a la que se le acusó de venir a dividir la izquierda y a contribuir a un reordenamiento del Régimen del 78, la que ahora utilice dichos mismos argumentos contra la candidatura de Más Madrid, la cual no sería necesaria si las fuerzas progresistas representasen al conjunto de la ciudadanía española.
Es igual. El objetivo no es convencer a la camarilla de Galapagar de por qué este salto es necesario, sino ofrecerle a nuestro pueblo un horizonte nuevo, progresista, feminista, ecosostenible, soberano y emancipador, es decir, ser la punta de lanza que marque la agenda de las transformaciones que necesita nuestro país para afrontar los desafíos que tenemos por delante y que no pueden esperar más. Nuestro pueblo no puede esperar más; por eso, Más País.
Pudimos y podremos.
