lunes, septiembre 25, 2017
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Los malos no siempre son los otros: la CIA ante la Corte Penal Internacional

Los malos no siempre son los otros: la CIA ante la Corte Penal Internacional

Por Adrià Rivera

Uno de los legados más aberrantes de la llamada Guerra contra el Terror que el Presidente de los EEUU George W. Bush empezara en 2001 fue la creación de los tristemente célebres black sites en Afganistan; sitios donde miembros de la CIA torturaron de forma sistemática a supuestos miembros de Al-Qaeda y de los Talibanes. Muchos de esos individuos fueron transferidos a Guantánamo y privados de libertad sin ningún tipo de garantías judiciales. Tanto dentro como fuera de los EEUU muchos se alzaron contra estas prácticas que fueron descritas por el director ejecutivo de Humans Rights Watch Kenneth Roth como “una mancha en la reputación de los EEUU”.

Obama puso punto final a todo esto –aunque sin conseguir el cierre total Guantánamo- al considerar que los EEUU habían “comprometido… sus valores básicos al utilizar la tortura para interrogar a enemigos, y deteniendo individuos de manera contraria al estado de derecho”. Sin embargo, buscó pasar página sin proporcionar justicia a las víctimas. Como dejó ver el Fiscal General Eric Holder, no se encausaría a ningún funcionario del estado que en relación a la interrogación de detenidos “hubiera actuado en buena fe dentro de los límites legales dados por la Office of Legal Counsel”.

Pero el juego puede no haber acabado ahí para aquellos que quieren ver sentados frente a un juez a miembros de la CIA por torturas. ¿Puede un tribunal internacional que nació de un tratado al que EEUU nunca adhirió investigar estadounidenses? La Corte Penal Internacional (CPI) puede, aunque los EEUU nunca ratificaran el tratado que le dio a luz, el Estatuto de Roma de 1998.

De hecho, la CPI puede perseguir actos constitutivos de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio cuando sean cometidos en el territorio de un estado miembro del Estatuto de Roma o por sus ciudadanos. Y… ¡Sorpresa! Afganistán adhirió el Estatuto en Febrero 2003, dando jurisdicción a la Corte a partir del 1 de Mayo de 2003 en adelante en su territorio, por lo tanto incluyendo actos cometidos por fuerzas extranjeras, como los EEUU y por ende la CIA, dentro de su jurisdicción.

El antiguo fiscal de la CPI, Moreno Ocampo abrió exámenes preliminares –la fase previa a la investigación- por iniciativa propia sobre la situación en Afganistán en 2007. El artículo 15 del Estatuto permite al Fiscal actuar motu proprio cuando considere que se han cometido crímenes bajo su jurisdicción que sean suficientemente graves y que el estado en cuestión no quiera o no tenga la capacidad de investigar.

Pero de 2007 a 2011 –cuando Ocampo finalizó su trabajo en frente de la fiscalía de la Corte- en los exámenes preliminares se había puesto todo el énfasis en las víctimas de la insurgencia Talibán ya que eran la mayoría dentro del conflicto en Afganistán.

Entonces se interpretó el principio de gravedad de forma cuantitativa, algo muy legítimo pero que implicaba dejar de lado las otras víctimas del conflicto incluyendo las personas torturadas por la CIA. En el último informe de Ocampo, en 2011, aparte de hacer mención a crímenes de guerra y contra la humanidad por parte de los Talibanes, el fiscal también apuntó tímidamente a las fuerzas progubernamentales pero sin citar explícitamente a la CIA.

En cuanto al trabajo de Ocampo como fiscal en jefe de la CPI este fue, como mínimo, controvertido. Durante ese tiempo todas las situaciones en fase de investigación afectaban a países africanos mientras que se dejaron de lado las situaciones donde los intereses de los EEUU estaban en juego, como en Palestina, Iraq o en Afganistán.

A consecuencia de ello, la Unión Africana se volvió más y más hostil a la Corte y en 2016 Gambia, Sud África y Burundi anunciaron que abandonarían el Estatuto de Roma. Como expresó el Fiscal General de Ruanda: “No hay ningún caso en la CPI que no merezca estar ahí. Pero hay muchos otros que tendrían que estar pero no lo están”.

Por el contrario, la nueva fiscal, Fatou Bensouda, ella misma africana de Gambia, tomó otra orientación política inmiscuyéndose allí donde Ocampo decidió no hacerlo. En su último examen preliminar sobre la situación de Afganistán en 2016, Bensouda mencionó directamente las actividades de la CIA bajo la etiqueta de crímenes de guerra por torturas y consideró que los hechos eran suficientemente graves para ser abordados por la Corte. Según Bensouda, las investigaciones de la fiscalía americana “no conllevaron ningún enjuiciamiento” y por lo tanto consideró que la Corte tiene jurisdicción para investigar en su lugar.

A día de hoy, el examen preliminar sobre la situación en Afganistán está en su última fase. Parece que este año la fiscal en jefe podría decidir si pedir permiso a la Cámara de Asuntos Preliminares para empezar una investigación formal. Si la Cámara diera el beneplácito a Bensouda, la fiscal estaría autorizada a emitir órdenes de arresto que lo más seguro incluirían altos funcionarios estadounidenses involucrados en crímenes de guerra en Afganistán.

No obstante, es difícil imaginar que alguien con importantes responsabilidades en la Administración Bush llegue a sentarse delante de un juez en la Haya. La Corte necesita de la cooperación de los estados para funcionar y no parece que los EEUU estén dispuestos a extraditar a nadie a Holanda, donde está basada la CPI.

Dicho esto no cabe desestimar las implicaciones políticas de lo que puedan decidir Bensouda y la Corte. Por un lado, lo más probable es que el Presidente Trump empiece una campaña diplomática y mediática contra la CPI, igual que hizo George W Bush en los primeros días de la Corte –su administración firmó innumerables acuerdos bilaterales con gobiernos extranjeros para garantizar su no cooperación con la Corte.

Los EEU pueden también presionar para que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopte resoluciones para boicotear el trabajo de la CPI como ya hicieron en 2002 y 2003 cuando el Consejo dio inmunidad a ciudadanos americanos delante de la Corte por un año. Trump también podría intentar deferir la investigación de la CPI por un año renovable a través de una resolución del Consejo, algo que el Estatuto de Roma prevé en su artículo 16.

Pero cualquier acción tomada en el Consejo de Seguridad pondría al Reino Unido y a Francia en una situación comprometida, considerando o no la idoneidad de vetar este tipo de resoluciones que irían en la línea de boicotear el trabajo de la CPI, un órgano internacional que ayudaron a construir, y al Estatuto de Roma, del que son parte.

Por otro lado, el Presidente Tump se encontraría en la situación de no poder viajar a estados miembros del Estatuto con todo el staff que gustaría por miedo a que alguien fuera detenido –téngase en cuenta por ejemplo el caso de Gina Cheri Haspel, quien dirigió black sites durante la Administración Bush y luego fue nombrada Vicedirectora de la CIA por Trump.

Algunos altos funcionarios estadounidenses tendrían que pensar dos veces donde pasan sus vacaciones. Todos los estados miembros de la UE, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, casi toda Latinoamérica, muchos estados africanos y algunos asiáticos han ratificado el Estatuto de Roma y por lo tanto están obligados a cooperar con la Corte.

Pero más importante aún, la CPI estaría mandando un mensaje político fuerte a la Administración Trump en relación a la intención del nuevo inquilino de la Casa Blanca de reabrir los black sites. Los EEUU deberían tener en cuenta las consecuencias legales de usar la tortura otra vez como política sistemática de interrogación.

Finalmente, la CPI demostraría que los malos no siempre son los otros, que las grandes potencias también deben rendir cuentas cuando cometen graves violaciones de los derechos humanos. Esto es muy relevante a la hora de recobrar la legitimidad de la Corte ante aquellos estados africanos que ya no creen en la equidad de la justicia penal internacional. De lo contrario, si Bensouda no se decidiera a dar el paso y requerir una investigación formal sobre lo sucedido en Afganistán a manos de la CIA, la CPI podría hacer frente a una crisis de legitimidad de la cual le sería muy difícil recuperarse.

 

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