jueves, noviembre 23, 2017
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Libertad de expresión como tragicomedia negra

Por Javier Linares Nieto

La oscura espiral de sucesos que atraviesa el corazón de la reflexión sobre la libertad de expresión continúa ascendiendo con la virulencia de los vientos huracanados más devastadores. Si hace escasos días el marco del debate agudizaba en el análisis sobre el periodismo y la libertad de prensa—asfixiadas por el afilado cinismo procaz de la trama organizada de sectores influyentes y su acción coordinada para culpar a terceras partes—, las páginas nuevo capítulo que se abre recupera el tono amargo y atroz de volúmenes anteriores y que consolida este nuevo género que acapara bestsellers: las condenas por enaltecimiento del terrorismo y/delitos de odio por canciones o chistes a personas en redes sociales.

En anteriores entregas (como Facu Díaz, Zapata, César Strawberry, Valltonyc) el mantra autosuficiente que sugiere poner límites al humor, a mantener las formas, no ofender en la música o el arte,  inspiraba el alivio necesario para olvidar tener que razonar en profundidad un tema tan espinoso. A mayor unanimidad, menos discusión. “Consenso”.

No obstante, la sentencia de la Audiencia Nacional a la joven de 21 años Cassandra Vera ha arrancado los puntos de sutura de una herida muy grave. Ni siquiera la justificación interesada y mediocre ha conseguido aplacar la indignación social. Mediocre, porque las razones del discurso no se pronuncian por la motivación del fallo del tribunal y se orientan a crear una visión ignominiosa sobre la joven, celebrando que no pueda iniciar su vocación docente por otros comentarios por los que no ha sido condenada. Interesada, porque no expresan la misma preocupación bajo su criterio ante la batería de barbaridades que se le dirigen en la red social que se ha convertido en su peor pesadilla. Además, cabe resaltar el trato despectivo de los magistrados a Cassandra, insistiendo en llamarla Ramón, despreciando su libertad sexual y de género. “Las cosas son lo que son”, frase que resumiría tal dantesco esperpento.

Los términos en los que se articula cada contexto y el flujo de mensajes que circulan no siempre se rigen por el mismo patrón. La forma en la que se verbalizan determinadas opiniones, reflexiones y manifestaciones de indignación, rabia o ironía, por transgresoras u ofensivas que resulte su apariencia no tienen por fin llevar a efecto atentados, suscitar odio o promover comportamientos en aras de lograr tales fines.

En concreto, las creaciones del género humorístico, con independencia del gusto que sean, se dirigen a un público determinado con un lenguaje, unos códigos y claves propias compartidas con ese público: donde hay risa hay humor. Las redes sociales son un espacio terriblemente abierto donde las fronteras que definen las múltiples variantes del público se pierden, lo que conduce a una confusión que dificulta la tarea de interpretar la situación y los mensajes entrelineados. Como dice  Manuel Burque, poner límites humor por una suerte de manifestaciones desafortunadas o reprobables restringe la libertad sobre el resto de modalidades del humor y se responsabiliza a sus autores. Si asumimos que el humor debe ser objeto de prescripción normativa comporta criminalizar el pensamiento: nadie debe decirnos qué debe o no debe hacernos gracia o con qué hay que estar de acuerdo o no, contemplando incluso que no coincidan estos dos factores. No todo lo que provoque risa se comparte o coincide con la opinión personal, aunque forme parte de un pensamiento que utilice estos recursos para transmitir otros mensajes.

En este hecho reside un aspecto crucial: cualquier opinión o afirmación tiene su contraparte en la crítica, el reproche y el desacuerdo como legítimos modos de oposición e inherentes a la propia libertad de expresión. Asimismo, se desvirtúa el principio de última ratio de la intervención del Derecho Penal. No sólo existen tipos penales más proporcionales y menos lesivos sino que supone en estos casos confundir y establecer equidistancia grave de cualquier persona con verdaderos terroristas y asesinos así como de las víctimas.

¿Acaso cualquier víctima de ETA o de ISIS ha de recibir la misma protección a su dignidad y a su memoria que la del Presidente del Gobierno de una dictadura, responsable de una buena cartera de asesinatos y atentados contra los derechos civiles? Constituye de una parte, un exceso de persecución y castigo contra la vida de las personas y de otra un insulto contra la memoria de las víctimas.  No se entienden estas restricciones cuando ya en 1977 en este sentido y en 1983 Tip y Coll hacían lo propio sobre la figura de Carrero Blanco.

Al fin y al cabo se escribe un relato en el que las víctimas y antagonistas somos las mismas, provocando el enfrentamiento entre los más vulnerables, gente de la calle, asumiendo el discurso que normaliza el reproche y la censura recíprocas entre iguales, pudiendo estar expuestos a la postre las mismas consecuencias que las que ahora las sufren. Una narrativa imbuida por quienes operan a favor propio y contra quienes dicen representar. Somos personajes de ese relato, a la merced ineluctable de sus perversos autores, como John Trent en la película En la boca del miedo (1995), de John Carpenter, en la cual era el protagonista de la novela que investigaba, esclavo de la trama del autor sin poder variar el curso de los acontecimientos.

En definitiva, con particularidad desde el fin de la violencia armada terrorista en España, se introducen figuras punitivas especiales y más graves y se juzga por apología o enaltecimiento del terrorismo con mayor frecuencia (se han multiplicado por cinco los casos desde 2011) que cuando se perpetraban atroces atentados. No puede no apreciarse sino un claro ánimo de doblegar a la población crítica, a mantener dentro del cerco al rebaño obediente. Calificar el pensamiento como delito es incompatible con la convivencia democrática de una sociedad avanzada en derechos conquistados y en el fortalecimiento de sus pilares, de nuestro pueblo y su horizonte futuro.

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