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Por Renato Villavicencio Garzón

La noche del 13 de octubre la alegría no pudo contenerse en las calles del Ecuador, y especialmente de Quito, luego de que el gobierno nacional acordara derogar el decreto ejecutivo 883, con el cual retiraba completamente el subsidio a los combustibles. Pero con el correr de las horas un cierto sabor agridulce y desazón comenzó a sentirse entre varios sectores que se habían manifestado en las calles de distintas maneras.

No se trata de ser pesimista con lo obtenido en la mesa de diálogo por el movimiento indígena. Es una victoria evidente hacer retroceder al gobierno en su intención de aplicar reformas económicas que van en detrimento de las grandes mayorías del país, así como el restablecimiento de la tranquilidad en el país. Pero es una victoria parcial para nada absoluta. En ese sentido, y quizás con los acontecimientos muy frescos todavía, me permito realizar unos apuntes desde una perspectiva un poco más amplia.

La CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), y en general el movimiento indígena, salen fortalecidos de toda esta crisis. Con su movilización aportaron el músculo necesario para que el paro nacional se vuelva incontenible y con su liderazgo político se establecieron como el interlocutor legítimo entre las manifestaciones y el gobierno. Sindicatos, organizaciones de estudiantes, feministas, campesinos nunca fueron tomados en cuenta como actores clave, aunque estuvieron también en las calles.

En un sentido histórico, sentarse en una mesa de diálogo con el gobierno en el décimo primer día de protestas, en realidad puede sentar un precedente nefasto para el campo popular ecuatoriano. Planteo esto no renegando de la opción del diálogo como herramienta principal y prioritaria para la resolución de cualquier conflicto, sino que hacerlo luego de una represión brutal, engaños, toques de queda, 7 muertos, centenas de heridos y más de mil detenidos ¿tenía de verdad sentido?

En los levantamientos populares de la década de los 90 y 2000 la acumulación de fuerzas debido al descontento popular con el gobierno de turno llegaba a ser tan grande que al gobierno solo le quedaba la represión, y con eso, su inminente caída por la deslegitimidad absoluta que lograba, no solo por sus reformas económicas sino también por el nivel de violencia utilizado contra la población. En ese momento ni siquiera el bloque conservador oligárquico, ni las Fuerzas Armadas podían respaldar a un gobierno con esas características.

Lo sucedido este mes de octubre en Ecuador fue por muchas voces descrito como el mayor levantamiento popular desde hace décadas, que el nivel de represión utilizado es histórico y la cifra de muertos y heridos no tiene comparación con las manifestaciones de 1996, 2001 ni 2005. Y a pesar de todo eso, el movimiento indígena legitimó a un gobierno que sumaba con creces estas deficiencias para que siga gobernando luego de una crisis política de este nivel. Si tenía que haber diálogo, tenía que ser antes del envío de las reformas económicas condicionadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), o en los primeros días del Paro Nacional, no luego de que corrió la sangre y sumaban los fallecidos. Para el futuro esto puede significar que un gobierno puede reprimir con crudeza y brutalidad y saberse tranquilo en el poder ya que pude apelará siempre a “sensatez” del diálogo y no al cambio político. Desde ahora hay precedentes.

Si algo caracterizaba a las movilizaciones populares en Ecuador era el temor que causaba en los gobernantes para su permanencia en el poder. Se había demostrado rotundamente que el campo popular cuando se manifiesta, de manera general y nacional, el gobierno tenía los días contados. Era la demostración más explícita de la soberanía popular en el Estado, de pueblo como mandante primero, sin intermediarios. El domingo se rompió esa potencialidad.

De ahí el sinsabor que deja en buena parte de la ciudadanía lo logrado. Semejante acumulación de fuerzas del bloque popular, no vistas desde hace casi 15 años, dejó como victoria la mera derogación del decreto ejecutivo 883. El movimiento indígena, en representación de la mayoría social descontenta, llegó con varias líneas rojas a la mesa de diálogo: Renuncia de la ministra de gobierno y ministro de defensa, transparentar el acuerdo con el FMI, no criminalización de los protestantes. Salió celebrando una victoria a medias, solo la derogatoria y posterior sustitución del decreto de la discordia.

Sobre la renuncia inmediata de la ministra de gobierno, María Paula Romo, y el ministro de defensa, Fausto Jarrín, el gobierno ha hecho oídos sordos. Es más, la ministra ha comenzado un plan para blanquear lo sucedido. Incluso manifestando que no ha habido asesinados durante los días de protestas y que la violencia de los manifestantes fue orquestada por el correísmo. Es decir, la dirigencia indígena se levantó de la mesa asumiendo que esa petición iba a ser concedida, pero por ahora no parece que vaya a ser así.

El decreto 883 solo era la punta del iceberg del total del paquetazo neoliberal presentado por el presidente Lenín Moreno el pasado 2 de octubre. Sobre eso la CONAIE y movimiento indígena no se ha pronunciado oficialmente, y el gobierno nacional ya anunció que seguirá adelante con la presentación de dichas reformas restantes a la Asamblea Nacional para que las tramite. Eso posiblemente abra otra ventana de conflicto si la mayoría gobiernista estaría dispuesta a aprobarla.

Entonces, con esta nueva disrupción de una crisis política, es la primera vez desde 2005 que un gobierno sin apoyo popular (se encontraba alrededor del 15% antes de las protestas) y sin legitimidad moral (mentiroso, represor y asesino) va a seguir gobernando gracias al oxígeno que le proveyó lograr sentar al movimiento indígena en su mesa de diálogo, sustituyendo un decreto por otro.

Entonces ¿qué esperamos que suceda en las semanas y meses siguientes? El gobierno de Moreno, más allá de la derogación del decreto, no se le percibe que vaya a recular mucho más sobre sus planteamientos neoliberales ni represores. Antes de derogar el decreto, ya había 4 dirigentes y colaboradores de la Revolución Ciudadana detenidos con fines investigativos sobre su implicación en las protestas de estas dos semanas. Y otros/as tantos/as más perseguidos y/o asilados en otros países o sus embajadas. La búsqueda de un chivo expiatorio del caos que se generó será descarnada contra toda la Revolución Ciudadana y sus simpatizantes.

Aquí podemos aterrizar en el punto clave y el que un sector amplio de todo el espectro político todavía no logra entender. Muchos movimientos sociales se han desmarcado de la Revolución Ciudadana desde hace tiempo, y aún más en estos días de protestas. La Revolución Ciudadana fue el único grupo político dentro de la Asamblea Nacional que abogaba por la aplicación de los artículos 130 o 148 de la Constitución y convocar elecciones anticipadas como vía de solución del conflicto abierto. Una solución dentro del marco constitucional del Ecuador. El resto de los actores no quisieron llegar a eso, ni el movimiento indígena, ni los sindicatos. Más allá que la consigna más gritada en las calles de todo el país era ¡Fuera Moreno, fuera! El gobierno llamó a estas intenciones directamente golpismo e intentos de desestabilización.

Es conocimiento general que los líderes del movimiento indígena tienen rencillas y tensiones fuertes con la Revolución Ciudadana, por el pasado de conflictividad y persecución que vivieron durante el gobierno de Rafael Correa. Estos días de lucha, en lugar de rebajar esas tensiones, más bien se han recrudecido. Durante la mesa de diálogo Jaime Vargas incluso llegó a decir que quienes deben ser perseguidos deberían ser Rivadeneira, Serrano y Hernández (asambleístas y ex ministros con Rafael Correa) porque ellos les declararon terroristas en su momento por cerrar las vías y manifestarse. El resentimiento es demasiado fuerte todavía. Esta postura calza perfectamente con las intenciones del gobierno de perseguir, criminalizar y encarcelar a como dé lugar a la dirigencia de la Revolución Ciudadana para que no puedan ser opción política nunca más.

Pero lo que no se dan cuenta ninguno de ellos es que la Revolución Ciudadana o el “correísmo” como les gusta llamarlos, es muchísimo más que su dirigencia. Llega a ser una identidad política en sí misma dentro la sociedad. Una identidad todavía con raíces en proceso de consolidación pero que atraviesa por una variedad de espacios sociales en todo el país. Creen que desmarcándose o atacándolos, acometen solo contra su dirigencia. Se equivocan. Esos agravios llegan directamente a todas y todos aquellos que creen todavía firmemente en el imaginario que construyó la Revolución Ciudadana como proyecto político, e incluso en sus simpatizantes algo más lejanos. Solo basta ver los resultados electorales cosechados por ese movimiento en la Consulta popular del 2018 y elecciones seccionales de 2019 (35% del electorado).

Cuando se achaca todos los problemas del país, los actos de violencia de las protestas, o se acusa de golpismo por pedir elecciones anticipadas (¡Fuera Moreno, fuera!) solo al correísmo, se está jugando con y menospreciando a un sentir popular amplio. Como mucha de la gente que en Quito se sumaba a las protestas, que llegaba con donaciones a los centros de acogida, que era voluntaria, que rompía el toque de queda, que golpeó su olla en las noches o que se manifestaban en otros puntos del país. Esto incluye clases populares, clases medias, y también un espacio importante de las propias bases indígenas. Negarlo es rayar en un reduccionismo o simplismo ingenuo.

La estrategia política de la dirigencia indígena de desmarcarse de la dirigencia de la Revolución ciudadana y tratar de capitalizar de esta forma el momento para asumir el liderazgo político del progresismo nacional puede resultarle caro en el medio y largo plazo. Porque no solo se desmarca de Rafael Correa y el resto de la dirigencia, se desmarca con un amplio espacio social, de un correísmo popular, que puede llegar a sentirse traicionado (a la interna de sus bases también) por desperdiciar una movilización popular histórica para lograr una victoria difusa con un gobierno que hace 15 años estaría caído por sus propios errores y violencia.

Podrán criticarles de muchas maneras a la Revolución Ciudadana, y con razón, pero a nivel institucional ha sido también un actor que se ha mostrado firme en su oposición al viraje del gobierno y específicamente al acercamiento y posterior acuerdo firmado con el FMI desde el inicio. La CONAIE y Pachakutik (su brazo político) no podrán negar eso. Así que, al menos, en la Asamblea Nacional tendrán que ser aliados.

Al final del día, el gobierno nacional logró lo que se proponía al sentar al movimiento indígena y sindicatos (por separado) a dialogar y desactivar la protesta en el momento que más se fortalecía la resistencia a la represión y militarización de la ciudad (personas deteniendo tanques, militares y policías a las entradas de Quito) y en el que el resto del país se hacía sentir más fuerte el apoyo a las protestas en Quito (¡Quito, aguanta, el pueblo se levanta!).

Ahora el movimiento indígena y otros actores se pondrán a trabajar en conjunto con este gobierno para definir cómo será la nueva propuesta de eliminación o focalización de los subsidios a los combustibles. Es decir, serán de alguna manera responsables de lo que suceda en adelante con el accionar del gobierno. Como vemos luego de estas jornadas históricas es que, al parecer el odio, o temor, a Correa une más que la lucha popular nacional.