©David Díaz Arcos, Fluxus Foto

Por Renato Villavicencio Garzón

Con el polvo ya asentado luego del Paro Nacional y las manifestaciones populares de 11 días en el mes de octubre en Ecuador, es posible generar un análisis más amplio de lo sucedido y sus inmediatas consecuencias en el escenario político y social del país andino. El Paro Nacional se dio por concluido luego de que en una mesa de negociación entre la dirigencia del movimiento indígena y el gobierno nacional acordaran derogar el Decreto ejecutivo 883, con el cual se eliminaba completamente los subsidios a los combustibles, y definir mediante un nuevo decreto ejecutivo otro modo de focalizar estos subsidios.

A partir de este momento, más que un cierre de la movilización popular, se inició más bien otra etapa del ciclo, ya que muchas de las causas que encendieron la indignación social todavía no se resuelven y otras nuevas aparecen como consecuencia directa de los eventos durante los días de protestas, dando una continuidad al momento de crisis política y social. Entre todas estas situaciones podríamos destacar tres: a) La pervivencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), b) la represión y criminalización de la protesta, y c) la tensión entre el movimiento indígena y la Revolución Ciudadana (RC). Vale decir que cada uno de estos temas amerita un análisis particular y profundo en sí mismos, pero trataremos aquí de dar una visión conjunta de estos y tratar de entender como se articulan de manera general. 

1. El FMI sigue en casa (y EE. UU. también)

Más allá de que se celebró como una victoria popular que el gobierno nacional haya cedido y derogado el decreto 883, este solo era la punta del iceberg del paquete económico anunciando a inicios de octubre por el presidente Lenín Moreno. El resto y el grueso del “paquetazo” se encontraba en la Ley económica urgente que fue enviada para su trámite legislativo a la Asamblea Nacional días después de la finalización de las manifestaciones. Es decir, el Ejecutivo, a pesar de salir “derrotado” en las calles, siguió empeñado en aprobar reformas estructurales solicitadas por el FMI y las élites ecuatorianas que apoyan al gobierno de Moreno.

Al ser una ley económica “urgente”, la Asamblea Nacional tiene solo 30 días para debatirla. Si no existe consenso en ese lapso entre los bloques para rechazarla y archivarla, se aprobará automáticamente tal cual la envió la Presidencia de la República. Esta propuesta de ley, de más de 400 artículos, era un cúmulo de reformas de varios ámbitos económicos y políticos, con una vocación de liberalizar el sector financiero, repatriar con baja tributación capitales offshore y regresar a la institucionalidad gubernamental neoliberal de los años 90.

El domingo pasado, 17 de noviembre, la Asamblea Nacional logró los votos para rechazar y archivar, in extremis, la ley propuesta, infligiendo otro duro golpe a la gobernabilidad del Ejecutivo. A pesar de este segundo traspié, Moreno ya ha anunciado que volverá a remitir nuevamente las mismas reformas, vía ley urgente, pero por legislaciones separadas.

A todo esto, se debe sumar la persistencia del gobierno en la concesión a capitales privados de las empresas públicas más rentables del país, como la empresa de telecomunicaciones y la refinería más grande del país, los recortes en el presupuesto al sector social, y el despido masivo de funcionarias y funcionarios públicos. Todas estas propuestas se encuentran en los condicionantes del acuerdo que el gobierno ecuatoriano firmó en marzo pasado con el FMI para recibir un préstamo de más de 4.000 millones de dólares. Pero hay que entender que este acuerdo se enmarca en el ámbito financiero del proceso general de acercamiento a los EEUU y sus intereses geopolíticos, en los que se debe agregar la firma de acuerdos de cooperación militar y de seguridad, además de un alineamiento a su política exterior, traducido principalmente en el acoso regional a Venezuela y el desmantelamiento de la Unasur como iniciativa de integración regional autónoma.

Muchos sectores asumieron que la derogatoria del decreto 883 implicaría también el desistimiento por parte del gobierno de seguir aplicando el recetario del FMI, pero sucedió prácticamente lo contrario. Es decir, luego de levantarse de la mesa de diálogo con el movimiento indígena, el Ejecutivo no se lo pensó dos veces antes de enviar esta ley a la Asamblea y proseguir con su estrategia neoliberalizadora. De alguna forma, más que retroceder, este realizó un repliegue estratégico para desmovilizar la protesta que había llegado a niveles críticos el domingo 13 de octubre, y con el movimiento indígena retornando a sus comunidades, el gobierno se apresuró a aprovechar el momento de “celebración” para introducir la ley y proseguir con su plan inicial.

2. Represión, persecución y criminalización de la protesta

Si las protestas de octubre de 2019 en Ecuador fueron las más grandes que se habían generado en los últimos 14 años, el nivel de represión utilizado por parte del gobierno nacional fue el más alto, al menos desde el regreso a la democracia en 1979. Los once días de manifestaciones en distintos puntos del país, según la Defensoría del Pueblo, se saldaron con 10 fallecidos, al menos 1340 personas heridas (8 de ellas han perdido un ojo) y 1192 personas detenidas.

Ni bien iniciadas las movilizaciones en contra del “paquetazo” el gobierno declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional, desplegando al ejercito en las zonas más conflictivas, incluidas la zona centro de la capital, punto neurálgico de las manifestaciones. Además, el 12 de octubre se llegó inclusive a determinar toque de queda y la militarización del Distrito Metropolitano de Quito.

Varias organizaciones defensoras de derechos humanos han hecho hincapié en el uso excesivo, desproporcionado y violento de la fuerza pública contra los y las manifestantes, en su mayoría pacíficos. También una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó el país a finales de octubre con el objetivo de observar en terreno la situación de los derechos humanos en el contexto del Paro Nacional y presentará su informe final para el mes de diciembre.

A pesar de estos reclamos, el gobierno de Lenín Moreno inició una campaña de persecución política, criminalización de la protesta social y de blanqueamiento de la represión gubernamental. Antes que renovar el gabinete ministerial, Lenín Moreno ha mantenido y apoyado el trabajo de la ministra de gobierno, María Paula Romo, y el ministro de defensa, Oswaldo Jarrín, responsables directos del accionar de la policía y el ejército. La Fiscalía General del Estado, al día siguiente de terminado el Paro Nacional, radicalizó su persecución a cuadros dirigentes de la RC, y encarceló a la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y a Virgilio Hernández, alto dirigente de la RC, para acusarlos del delito de rebelión por supuesto intento de desestabilización social con el objetivo de dar un golpe de estado. Además, existen 4 asambleístas por la RC que pidieron protección en la embajada de México en Quito por temor a ser encarcelados bajo el mismo pretexto.

Por otra parte, el Ministro de Defensa, un exmilitar retirado, se ha encargado de endurecer el discurso en contra de los y las manifestantes de octubre, llegando incluso a declarar que existen grupos insurgentes e infiltración internacional dentro del país, y que estos estuvieron detrás de las manifestaciones y el caos surgido. Del lado de la ministra de gobierno, esta mantiene el discurso de que los fallecidos en las protestas no fueron a causa de la represión policial, sino por accidentes en el contexto del paro nacional.

Con este marco se evidencia que el Gobierno de Ecuador tampoco ha perdido tiempo para imponer su relato luego de las protestas de octubre a través del apoyo de los grandes medios de comunicación privados y públicos. Es más, todos sus movimientos dan cuenta que también trata de adelantarse y prepararse para nuevas movilizaciones y tener elementos para justificar nuevamente la represión que utilizará sin reparos contra la población.

3. La cuadratura del círculo en el bloque popular

Uno de los grandes cabos sueltos que deja el Paro Nacional en Ecuador es la visibilización y profundización de la fractura que existe dentro del bloque popular. Los recelos que permanecen entre los dos actores principales dentro del progresismo, el movimiento indígena y la Revolución Ciudadana (RC), son abismales. No existe aún la voluntad de reconstruir puentes y confianza entre dos bloques, que, con características y roles distintos, son fundamentales para una unidad amplia del bloque popular.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y el movimiento de la RC, del expresidente Rafael Correa, durante y después del Paro Nacional han explicitado sus diferencias en cuanto a los resultados de la movilización. Para la CONAIE nunca estuvo en su estrategia pedir la renuncia de Lenín Moreno, sino solo la derogatoria del decreto 883, ya que con esto se iniciaría una etapa de acumulación de fuerzas para derrotar posteriormente al neoliberalismo de manera estructural. También arguyeron que el cambiar de mandatario no cambiaría las relaciones de poder político y económico, y en última instancia uno de sus asesores ha manifestado que no lo propusieron porque quien capitalizaría políticamente ese logro sería el “correísmo”.

Por otra parte, la RC desde el inicio de las manifestaciones proponía la renuncia del presidente y la convocatoria anticipada a elecciones como salida democrática a la situación dentro del marco constitucional. Para este sector, que la CONAIE se haya sentado a negociar solo la derogatoria del decreto 883 en el momento de mayor represión y de mayor presencia social en las calles, fue una claudicación que benefició solo al gobierno al apagar las protestas en las calles en un momento que el gobierno se encontraba acorralado.

A pesar de que existen llamados desde distintos sectores a que exista un acercamiento y entendimiento entre estos dos sectores, no parece que exista todavía la voluntad de verse a la cara y tratar de dejar atrás el espinoso pasado político que tuvieron cuando Rafael Correa era presidente de la República.

4. Un desenlace que no se vislumbra

Como se puede apreciar, el levantamiento de octubre no es un evento que se cerró con la derogatoria del decreto 883, sino más bien se convirtió el parteaguas político de este periodo de gobierno, al que le restan todavía 18 meses. También habrá que añadir el impacto político de la negación y archivo de la Ley económica urgente en la Asamblea Nacional y una economía en una deriva neoliberal dosificada.

A pesar de que el gobierno logró mantenerse en el cargo, el Ejecutivo que permanece posee una baja credibilidad social y cada vez menos gobernabilidad política. Inclusive empiezan a escucharse voces dentro del mismo gobierno que ponen sobre la mesa la convocatoria a elecciones anticipadas como opción política. Algo nunca sucedido en el país. En esa posición, también es posible que este radicalice y amplíe aún más su estrategia de la criminalización de la protesta y la persecución de su oposición política para poder abrirse camino nuevamente y tratar de consolidar la vuelta del neoliberalismo a Ecuador a través del FMI.

Sobre una posible unidad del bloque progresista, habrá que esperar algún tiempo para que pueda concretarse. Todo dependerá de que estos sean capaces de admitir las capacidades del otro y las oportunidades que se abrirían si colaboran. Los nudos principales de este bloqueo de posturas son por parte de la CONAIE, que pretende traducir toda su capacidad organizativa y de articulación de sus bases en resultados políticos electorales, es decir, tomar el liderazgo del campo progresista nacional sin tomar en cuenta a la RC. Salto que no resultará fácil dado el escenario preexistente, puesto que la RC electoralmente sigue siendo muy fuerte a pesar de todos los bloqueos impuestos.

Por el otro lado, la RC tiende a encerrarse en sí misma como opción política hegemónica del progresismo. La RC puede representar las esperanzas y proyecto de país de un sector grande de la población, pero no a todos ni en todos sus matices. Y eso no debería verse como una contrariedad. El problema es no llegar a entender esto y forzar una idea de falsa representación de todo ese espectro con poquísima organización de base. La RC podría ser un actor integrador del bloque popular, pero sin tratar de verticalizar ese rol, porque el resto de los actores (indígenas, campesinos, feministas, estudiantes, ambientalistas, etc.) tienen su autonomía y dinámicas propias que no se supeditan a lo que la RC disponga. El reto actual del progresismo es tratar dar pasos en pos de un acercamiento y definir un nuevo equilibrio entre ellos. Es difícil pero no imposible. Su fractura solo beneficia al gobierno, que es muy consciente de la oportunidad de saberlos enfrentados.

Con este escenario se llega a final del año con una tensa calma en el ambiente, en el que todos los actores saben que las cosas podrían cambiar rápidamente, principalmente por la fragilidad del actual gobierno y su empecinamiento en aplicar recetas antipopulares en un momento que se demostró que su pueblo no se ha olvidado como tomarse las calles cuando el neoliberalismo pretende instalarse en el país.