Domingo, Julio 23, 2017
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Discurso urgente de desahucios para gente decente

El hombre feliz es aquel que siendo rey o campesino, encuentra paz en su hogar (Johann Wolfgang Goethe).

El desahucio. Todo el mundo ha oído, o bien pronunciado, esta palabra alguna vez, pero la cuestión es: ¿sabemos, verdaderamente, lo que es? Qué es el desahucio es una de las preguntas que se intentará contestar en la extensión de las siguientes líneas, aunque eso sí, no para generar una respuesta al conflicto todavía en vigor, sino para que surjan nuevas cuestiones a solucionar. ¿La acción del desahucio es una actitud honesta a los valores de igualdad, o bien es producto de una sociedad capitalista sin control? La opción de respuesta que escojo es clara y por eso creo que tanto movimientos sociales como instituciones financieras y políticas deben implicarse en la erradicación de una práctica tan desafortunada que fomenta la exclusión social. Esto es: clases marginales, desigualdad entre la población, carencia de sentido común, impedir el desarrollo vital de las familias afectadas.

Desahucio: acción y efecto de desahuciar, despedir a un inquilino, como nos cuenta la querida RAE. Por tanto el prefijo de desahuciar, palabra formada por des- y ahuciar, denota negación o inversión del significado del simple. Entonces, para intentar saber qué es desahucio, qué es la acción de desahuciar, esa que despide a inquilinas, debemos saber primero el significado de “ahuciar”, actualmente en desuso.

“Ahuciar” viene de la palabra “afiuciar” o “afuciar”. En latín fiduciare, que significa avalar. Mientras que en el español contemporáneo, a pesar de ser de nuevo otra expresión en desuso, “afuciar” significa garantizar, afianzar o, también, avalar. Todos estos términos más comunes, y por supuesto conocidos, en el vocabulario de uso activo del español, los podemos relacionar en cierta medida como antónimos a lo que es el desahucio. Sin embargo, ¡BOMBA! “ahuciar” significa esperanzar o dar confianza.

Desahuciar es por tanto  la negación o inversión de “ahuciar”, de esperanzar, de dar confianza. Entonces de llevarse a cabo la práctica del famoso desahucio lo que se está haciendo no es tan solo despedir a una inquilina de su hogar, se entiende, sino que en realidad se produce desesperanza, se reparte desconfianza. Visto desde la perspectiva lingüística da incluso un poco más de grima el asunto. Creo que este breve itinerario por las palabras vinculadas entre ellas dibuja muy bien el significado verdadero de aquella práctica accionada, quizás desde lejos, por los poderes fácticos con la más que conocida burbuja inmobiliaria. Mientras tanto, cuando la burbuja hace ¡SPLASH! las instituciones políticas y financieras son quienes firman el permiso de desalojo forzoso en contra de una familia a la que no se le proporcionará ninguna alternativa habitacional.

Es por eso que para intentar entender cómo deberíamos funcionar; para que no haya niñas y niños obligadas a dormir en la calle; para que no haya madres ni padres de familia que tengan que ser alojadas por sus hermanas y hermanos o por sus madres y padres, generando, por supuesto, un proceso de “desemancipación”, que a su vez crea nuevos miedos que difunden temor a nuevas intenciones emancipadoras por más miedo a endeudarse y volver al hogar de donde partieron. Para que todo habitante de este país tenga derecho a un hogar, debemos primero emocionarnos con la situación. Se empieza por sentir empatía, pero sobre todo hay que actuar. Echar a gente de sus casas no contribuye en ningún sentido al estado del bienestar del que tanto se presume por allí.

Desahuciar por tanto es, a mi modo de ver, una suerte de mezcla compuesta por desesperanza, desconfianza y miedo. Aparte de que por si fuera poco, también te dejan sin casa y endeudado. Lamentable. Si Joseph Conrad viviera para ver la precariedad y las condiciones de austeridad de la situación, de escribir una novela en la que se viajara al corazón de las tinieblas españolas, el propio Kurtz del hipotético relato que imagino también pronunciaría la famosa sentencia: ¡El horror! ¡El horror!, después de ver las condiciones actuales aquí.

La temática de la vivienda, insisto, no tanto como para buscar respuestas, sino para provocar nuevas cuestiones. La vivienda como derecho se encamina en el artículo 25 de la Constitución española, pero el acento está en la reinserción social, opuesto a la exclusión. Asimismo la vivienda debe desarrollarse en un anclaje de derecho incondicional, sin embargo los derechos parece que están aprendiendo a bailar en la cárcel. Existen los derechos fundamentales, garantizados por el estado; y los derechos constitucionales, que deben abordar las instituciones públicas del estado. Por lo contrario, a día de hoy la vivienda no se está tratando como un derecho, sino como una mercancía.

Entonces ¿cuál es el derecho que te permite tener vivienda? El de la propiedad, esa forma privilegiada de los derechos fundamentales. La vivienda no tiene porqué ser propiedad. La vivienda pública, por ejemplo, circunscrita a la facilidad de proporción de dicha propiedad, resulta de aquí que acaba teniendo un precio tan elevado que es bochornoso. La vivienda es un producto financiero vinculado a un préstamo hipotecario como piedra angular de la “propiedad vivienda”. Antes las casas se pagaban por letras, pero estas acabaron siendo sustituidas por las hipotecas, problema circunstancial de la burbuja inmobiliaria. La palanca fundamental del aumento de precio de las viviendas no es el valor del suelo, sino el préstamo hipotecario. Hay que entender el préstamo como una cuantía para adquirir una vivienda, pero garantizada con nuestros bienes presentes y futuros. De hecho, la devolución del préstamo aumentará esa cantidad a un 10 o 20% del valor real del producto.

Eso acaba funcionando con una demanda inelástica, ya que todo el mundo necesita una casa. ¿Y cómo actúan las personas? Piensan que da igual, pues, el precio final, siempre y cuanto se pueda pagar la cuota acordada a final de mes, si ya es más barata que la cuota del alquiler. Del abuso por parte del prestamista, en ocasiones, puede surgir la usurpación. Sin embargo, la okupación no deja de ser el derecho al uso. Protegiendo la especulación, no debería ser perturbado por la conducta de nadie.

En suma, se genera una situación de la cual resulta la burbuja inmobiliaria y, además, la financiación de préstamos secundarios con fondos de titulación hipotecaria. Al fin y al cabo no deja de ser una atracción de capitales del exterior, como lo fue en Alemania, Francia, Estados Unidos o Suiza. Lo que se quería era copiar el modelo norteamericano hasta que reventó. Esto es control monopolístico: primero me pagas y discutimos después; de donde deriva la oleada de desalojos forzosos sin alternativa habitacional. Que por cierto, es contrario a la normativa que forma parte de nuestro concepto jurídico. Sacan a la gente de sus casas y los sueltan a la calle sin ningún tipo de defensa ni garantías de reinserción social. ¡Se activan las alarmas!

El artículo 25 dice: las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. Antes decía que el acento estaba en la reinserción social, por tanto, ¿qué es lo que falla si dejan a las personas de nuestro país sin casa, sin empleo, sin garantías de prosperar en su desarrollo vital? Vuelvo al diccionario. Otra de las entradas de la palabra desahuciar nos dice: despedir al inquilino o arrendatario mediante una acción legal. Por favor, ya está bien. El diccionario nos dice que el desahucio debe ser una acción legal, mientras que la Constitución nos dice que se debe reeducar y tomar medidas orientadas a la reinserción social. Repetiré la definición anterior para decir lo que es en sí el desahucio: desesperanza, desconfianza, miedo y exclusión social. Y por si fuera poco, a la formulita se le suma el endeudamiento. Algo no cuadra.

Desde las administraciones públicas hay que detener los desalojos forzosos siempre y cuando no haya una alternativa habitacional asegurada en el marco autonómico. Mientras esto no se produzca, se condena al afectado a las clases marginales y esto, aparte de anticonstitucional, es inhumano y un sinsentido. El desalojo forzoso no proporciona ningún tipo de reeducación ni, por descontado, garantiza ningún tipo de reinserción social. Si de entrada ya se está incumpliendo el artículo 25 de la Constitución, por si no fuera poco la Real Academia define desahucio de manera que no favorece a los poderes fácticos, puesto que las instituciones políticas y financieras actúan sin cumplir dicha definición.

Las instituciones públicas deben proporcionar protección al derecho de vivienda. Se cometen violaciones a este derecho si no se atañe a la verdad, la justicia y a la reparación de las conductas que pertenecen a la exclusión social. Por tanto no podemos incumplir ninguno de estos tres valores y además hay que garantizar que esta situación nunca más se repita. El derecho de vivencia no es el simple hecho de tener un techo, sino el de poder desarrollar una vitalidad, en el que se garanticen elementos esenciales como el agua, la electricidad, etc. El cumplimiento efectivo del artículo 25 de la Constitución de derechos universales.

La vivienda no puede ser un concepto para hacer caja, hacer dinero, hacer capital. La vivienda social es un derecho universal. El precio debe ser concreto. Adaptemos la normativa para facilitar la adquisición, pero sin que a la vuelta de la esquina la prestadora suba el precio desorbitadamente que actúe como sablazo al desarrollo vital de una familia. Hace falta obligar, pues, ciertas condiciones a dicha prestadora social. El derecho a la vivienda a nivel internacional está reconocido, mientras que en España no lo está. Hace falta que el derecho de la vivienda se instrumente a través de la vivienda social. Por ejemplo, alquiler con opción de compra para que el alquiler acabe pagando el precio total de la vivienda.

Las comunidades autónomas deben cambiar el tema de las viviendas. La pobreza y la exclusión son violación de los derechos humanos. Si a alguien el banco lo camela para que se atreva con dos hipotecas que no puede pagar, no tiene la culpa. Y lo que no podemos hacer es condenarlo a la exclusión social. Son relaciones de derecho que no se pueden dar, los principales culpables de esto son las entidades financieras. Rafa Mayoral dice que la cuestión fundante de la burbuja inmobiliaria es que los bancos tenían cuentas en las Islas Caimán, pedían dinero al pueblo y nadie preguntó por qué.

A día de hoy surge una necesidad del conocimiento de la verdad. Lo que ha sucedido es una aberración jurídica, lo diga el tribunal constitucional o lo diga el Papa. Se ha roto la puerta de las casas de la gente, ha entrado allí el Estado y se ha culpabilizado al deudor de su deuda, pero en ningún concepto es así. Se han mercantilizado nuestras condiciones de vida, hecho el cual ocasiona que vivamos en una situación que no se puede permitir.

Antes de la entrega de cualquier préstamo los bancos hacen un análisis de solvencia, por tanto no dan el dinero sin saber en qué condición económica está viviendo el prestatario. A la típica pregunta: ¿pero puede ser que se haya vivido por encima de nuestras posibilidades? La respuesta es negativa. No es verdad que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades, porque no sabíamos donde estaban. El lastre de la deuda de nuestro país es la privada, a menudo ilegítima, y jamás lo ha sido la deuda pública. Hay que trabajar para conseguir una legislación clara y fuerte para reestructurar esa deuda mediante un procedimiento conciliado. Todas las administraciones pueden cooperar para evitar un desahucio.

Debemos ser un movimiento de unidad popular y ciudadanía, no solamente una máquina electoral. Por eso alcaldesas como Manuela Carmena y Ada Colau están demostrando que existe otra manera de gobernar las instituciones políticas. Mientras que en Madrid ya se ha conseguido frenar más de 220 desahucios gracias al valor de las políticas sociales, en Barcelona también se trabaja hacia esta misma dirección. El marco político es la foto del movimiento social. Claro que es importante abrir las instituciones, entrar a dentro, barrerlas y ventilarlas, pero hay que hacer barrio, hay que hacer pueblo. Un pie en las instituciones y el otro en la calle. Las cooperativas de vivienda no son una mala idea. El propietario de uso no es significativamente de propiedad financiera.

Cuando se vive en la sociedad del miedo, cuando las presiones sociales son capaces de hacerte actuar de una manera u otra, cuando condicionamos ciertos modos de vivir por temor a cualquier repercusión, esto es terror. Si la política del miedo seduce al pueblo mediante presiones como el desalojamiento forzoso sin alternativa habitacional, mientras que condena a su vez a la exclusión social sin reeducar ni garantizar la reinserción social, lo que debemos hacer desde los movimientos sociales es que el miedo pase al otro lado. Ya está bien de las políticas de precariedad y austeridad. La sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror, es terrorismo. Dominar por el terror, es terrorismo. Terrorismo son desahucios.

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